La fiscalía se opone a la imputación de George Bush en la causa española contra Guantánamo

La fiscalía de la Audiencia Nacional no ha encontrado ningún elemento para acceder a la imputación del expresidente de Estados Unidos, George Bush, en la investigación que hay abierta en el tribunal por delitos de torturas y crímenes de guerra. El caso permanece activo en el juzgado de Pablo Ruz por la denuncia que presentaron dos ciudadanos de Marruecos residentes en España contra responsables estadounidenses, por las torturas que sufrieron durante su detención en la prisión de Guantánamo.

El juez reabrió la causa de Guantánamo en base a una resolución dictada hace un año por la Audiencia Nacional, que respaldó que se investigaran los presuntos malos tratos sufridos por el español Hamed Abderrahman Ahmed y el marroquí residente en España Lahcen Ikassrien en el centro de detención norteamericano -situado en territorio cubano- al considerar que, pese a ser de nacionalidad marroquí, tienen "arraigo" y "conectividad" con España. La fiscalía responde al juez que "por ahora la investigación no ha aportado los elementos necesarios para poder identificar a los presuntos responsables de las lesiones sufridas por los dos ciudadanos" y por tanto no puede concretarse la imputación contra nadie.

La querella se presentó contra Bush y otros altos cargos norteamericanos como el exvicepresidente Dick Cheney, el exsecretario de Estado de Defensa Donald Rumsfeld y los generales Michael Lehner y Geoffrey Miller, responsables del campo de detención. Posteriormente, otros dos exdetenidos en Guantánamo -Abdul Latif Al Banna y Omar Deghayes- se personaron en la causa. Según Ruz, los hechos denunciados por los expresos pueden ser constitutivos de delitos de torturas y contra la integridad moral, y de otros contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado (crímenes de guerra). Además, el magistrado señalaba que no consta "hasta el momento" ningún procedimiento abierto en otro país "que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles", ya que pese a los requerimientos en este sentido ni Estados Unidos ni el Reino Unido han informado a la Audiencia Nacional. De ahí que la competencia española se mantenga para investigar estos hechos ocurridos contra ciudadanos españoles.