Los ayuntamientos presentan este jueves ante Hacienda su deuda pendiente con los proveedores
Es el requisito necesario para poder recibir las ayudas prometidas por el Gobierno central para hacer frente a esas facturas
Además del listado de facturas, los ayuntamientos deberán remitir también al departamento que dirige Cristóbal Montoro antes del 31 de marzo un plan de viabilidad que les permita hacer frente en el futuro al pago de las deudas "para que no se repita esta situación".
Con esta información da comienzo el proceso marcado por el Ejecutivo el mes pasado por el que comunidades autónomas y ayuntamientos recibirán en torno a 35.000 millones de euros en un préstamo sindicado a diez años y a un interés cercano al 5% para pagar a sus proveedores, con un periodo de carencia de dos años.
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Para ello, el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada la creación del fondo que canalizará el crédito sindicado bancario avalado por el Tesoro Público que, a su vez, contará con la contragarantía de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) de los ayuntamientos.
En Toledo, la consejera Paloma Heredero insiste en que no hay facturas escondidas: "Aquí no ha pasado lo que dicen que de pronto alguien ha abierto un cajón y han aparecido facturas". Por su parte, en el Ayuntamiento de Valencia la deuda podría alcanzar los 190 millones de euros. El vicealcalde confía en el sistema del Gobierno: "Vamos a poner el contador a cero y no vamos a tolerar más desviaciones", asegura.
Con este mecanismo, en el que participarán prácticamente todos los bancos españoles, entre los que se incluirá también el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Gobierno espera que los proveedores puedan empezar a cobrar las facturas que tienen pendientes las corporaciones locales a partir del mes de mayo.
El propio Montoro explicó además la semana pasada, después de reunirse con representantes de los ayuntamientos en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), que el criterio que primará a la hora de pagar las facturas será la antigüedad de las mismas y no la posibilidad de que los proveedores acepten una quita.
