Detenido por segunda vez el exalcalde de Alcaucín por corrupción urbanística

Según ha podido saber la Cadena SER, los detenidos falseaban los datos del catastro para legalizar construcciones ilegales a cambio de comisiones. Hay siete detenidos tras el registro del Patronato de Recaudación de Málaga en una trama de corrupción urbanística derivada de la operación Arcos. El exalcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, ha sido detenido por segunda vez, junto al arquitecto municipal Francisco Mora y un funcionario de la unidad de gestión catastral.

Según ha podido saber la Cadena SER, a los siete detenidos implicados en la trama se les imputan delitos que habían cometido antes de 2009 y salen a la luz a raíz del análisis del material incautado en los primeros registros y otras investigaciones llevadas a cabo por la unidad de urbanismo de la Guardia Civil. Los detenidos, según fuentes de la investigación, falseaban la base de datos del catastro a cambio de comisiones ilícitas con una doble finalidad. Por un lado, modificaban ciertos datos que había en el catastro para legalizar construcciones que en un principio eran ilegales. Por otro lado, engañaban a ciudadanos extranjeros haciéndoles creer que podían construir una vivienda alterando el catastro, es decir, elaboraban certificados catastrales falsos, con modificaciones ficticias, que les entregaban a los residentes extranjeros que pretendían construir en la zona. Según los primeros resultados de la investigación, los funcionarios implicados cobraban entre 200 y 300 euros por cada modificación.

Detenidos en la trama

En total hay siete detenidos, tres de los cuales ya fueron arrestados en su día en la primera fase del 'caso Arcos'. Entre ellos, el exalcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, antes del PSOE y hoy concejal en la oposición por un partido independiente; el arquitecto municipal Francisco Mora; así como el gestor inmobiliario Pedro José Grandfils, cuyo despacho ha sido registrado por los agentes. Según la investigación, el exalcalde facilitaba las licencias, el arquitecto los certificados y el gestor coordinaba todas las gestiones.

Para ello necesitaban la colaboración de los funcionarios dispuestos a manipular el catastro. En el caso del patronato provincial de recaudación de Málaga, ente dependiente de la Diputación Provincial, son cuatro los empleados detenidos - tres laborales y un interino - que forman parte de la Unidad de Gestión del Catastro. Los dos detenidos de la gerencia territorial del catastro están jubilados y el funcionario de la unidad de gestión continúa en activo.

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Se les imputan hasta ocho supuestos delitos, como el cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental, estafa, prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio.

Los registros se iniciaron a las ocho de la mañana y se han extendido también al despacho de abogados de la capital malagueña de Pedro Granfills y varios domicilios particulares. Todo forma parte de la trama contra la presunta operación urbanística desarrollada hace tres años en la localidad malagueña de Alcaucín, que se saldó con 55 imputados.

En la primera fase del 'caso Arcos', el principal implicado ha sido el ex alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, conocido como Pepe Calayo, y su presunta vinculación con las operaciones urbanísticas de la localidad, la reparcelación de terrenos y los convenios suscritos por el ayuntamiento desde el año 2000. En el primer registro de su domicilio, los agentes incautaron 160.000 euros en metálico que el exalcalde socialista ocultaba bajo el colchón de su cama. Decía entonces que eran todos los ahorros de su vida.

La Dirección General del Catastro ha colaborado con la Guardia Civil desde hace aproximadamente un año, una vez iniciada esta vía de investigación. Las diligencias se instruyen en el juzgado número tres de Vélez Málaga y la Fiscalía Anticorrupción.