El juez rechaza imputar a la infanta Cristina
El magistrado considera que esta medida "solo conduciría a estimagtizarla, lo que no es de recibo"
El juez José Castro ha rechazado citar en calidad de imputada a la infanta Cristina en el marco de la causa que investiga por el presunto desvío de fondos desde el Instituto Noós, la entidad sin ánimo de lucro de la que formaba parte la hija de los reyes. Un asunto en el que sí que está imputado su marido, Iñaki Urdangarin.
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El juez José Castro ha rechazado citar en calidad de imputada a la Infanta Cristina por el presunto desvío de fondos públicos desde el Instituto Noós. Castro rechaza la petición del pseudosindicato Manos Limpias. La investigación del juez y de los fiscales anticorrupción, Pedro Horrach y Juan Carrau, ha acreditado que esta entidad sin ánimo de lucro recibió seis millones de euros de los gobiernos de Baleares y Valencia cuando estaba dirigida por Iñaki Urdangarín y su entonces socio, Diego Torres. Una parte de ese dinero, según las pesquisas, se desvió a paraísos fiscales, a través de una trama de empresas. La Infanta Cristina era vocal de Noós y compartía con Urdangarín la propiedad de otra de las empresas investigadas, Aizoon. Estos datos llevaron al juez Castro a interrogar en calidad de imputado a Iñaki Urdangarín pero no hay suficientes indicios delictivos contra su mujer.
El titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma rechaza uno a uno los argumentos de Manos Limpias. El auto señala que "la única dirección del Instituto Noós era la bicéfala asumida por Diego Torres e Iñaki Urdangarín". Sobre el papel de la Infanta Cristina en Aizoon, asegura que el hecho de participar en una sociedad "no genera responsabilidad criminal por los hipotéticos delitos que pudieran cometer sus directivos en el ejercicio de sus facultades de dirección", en alusión al presunto papel de su marido. Añade que al tratarse de una empresa patrimonial "es escasamente probable que celebraran juntas y sería descabellado que, en el improbable caso de que alguna de ellas se celebrara, la Infanta redactara unas actas consignando acuerdos sobre supuestas intencionalidades delictivas".
Más argumentos. Hasta la fecha, sostiene José Castro, "no hay ningún testimonio que involucre a la Infanta en la toma de decisiones de ninguna de las entidades que giran alrededor de su esposo o de Diego Torres, así como que tampoco la han visto merodear por sus dependencias o expresar sus criterios sobre la oportunidad de llevar a cabo conciertos u operaciones". Manos Limpias sostenía que la hija de los Reyes tenía que saber algo de la presunta actividad delictiva de su marido cuando el Rey mandó a un emisario para que abandonara los negocios. El juez no opina lo mismo. Castro explica que este argumento es "inaceptable" porque las razones que le llevaron a hacer esa recomendación pueden ser "muy variadas y una nada desdeñable es la de velar por la buena imagen de los miembros de la Familia Real". El juez solo reconoce que la Infanta Cristina intervino en la contratación de personal del servicio doméstico pero que de confirmarse que hubo irregularidades estaríamos solo ante "infracciones laborales o administrativas".
Se rechaza el careo
José Castro también ha rechazado someter a un careo a Urdangarín y Torres, después de que el primero descargara en su interrogatorio toda la responsabilidad sobre la gestión y la administración del Instituto Nóos en quien fuera su socio y amigo. Entiende que hay que esperar a que preste declaración y aproveche su interrogatorio para contradecir la versión del yerno del Rey. Unas hipóteticas discrepancias que podrán suponer el careo entre ambos, siempre y cuando no puedan ser disipadas "por otros medios de investigación".
Piden más declaraciones
El pseudisindicato Manos Limpias ha pedido que se cite a declarar en calidad de testigos a más personas vinculadas a la Casa Real. Se trata de Carlos García Revenga, secretario personal de las Infantas y tesorero del Instituto Noós, y a José Manuel Romero, el asesor externo de Zarzuela que fue el encargado de pedir a Iñaki Urdangarín que abandonara sus negocios con la Administración Pública.
