Garzón, en el juicio sobre la memoria histórica: "Hice lo que debía por encima de ideologías"

Baltasar Garzón ha declarado durante casi una hora y media ante el tribunal que le juzga por un presunto delito de prevaricación cometido al investigar los crímenes del franquismo. Garzón, que se ha negado a contestar a las preguntas de la acusación popular, ha defendido en todo momento su actuación que "no se separó de la legalidad". El tribunal, previamente, había rechazado anular el juicio, tal y como pedían la defensa del juez y el fiscal, en aplicación de la 'doctrina Botín' y a la vista de las presuntas irregularidades cometidas durante la instrucción por el juez Luciano Varela.

Baltasar Garzón ha asegurado que se declaró competente para investigar "la ejecución de un plan sistemático de desaparición de miles de personas, ocultamiento de cadáveres y ejecuciones extrajudiciales". En ningún momento consideró que la Audiencia Nacional no fuera competente para abrir esta causa porque había "un interés claramente de reparación, de acción de la justicia y por tanto de búsqueda de la verdad", ha dicho el acusado.

El juez de la Audiencia Nacional, muy seguro en sus afirmaciones, ha señalado que hizo "lo que tenía que hacer por encima de ideologías" y ha negado que orillara la ley de amnistía, que es de lo que le acusó el magistrado instructor Luciano Varela. "Los crímenes contra la humanidad no tienen carácter político de ningún tipo", ha afirmado rotundamente, para añadir a renglón seguido que "el delito de detención ilegal es permanente y se produce hasta que cesan sus efectos"

Garzón ha revelado que durante la investigación se encontró con que "ningún organismo público de ámbito nacional" tenía datos de desaparecidos durante y después de la guerra civil. Sólo había trabajos hechos en Andalucía, Cataluña y País Vasco y recibió toda la colaboración del Ayuntamiento de Madrid pero fueron los familiares de los represaliados los que ofrecieron una estimación de desaparecidos que osciló entre los 114.000 y los 152.000.

El magistrado dejó la causa cuando constató que los presuntos responsables de estos delitos habían fallecido, a través de los partes de defunción que solicitó. "Más allá de las chanzas", ha precisado, esta es la "única forma de acreditar formalmente" la extinción de la responsabilidad penal porque, ha reconocido, "algunos de ellos eran notoriamente conocidos pero otros no tanto".

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Rechazadas las cuestiones previas

Previamente el tribunal que juzga al juez Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación cometido al haber investigado los crímenes del franquismo ha descartado anular el juicio, tal y como pidieron el fiscal y el abogado defensor, Gonzalo Martínez Fresneda. Consideran que las cuestiones previas "carecen de la entidad suficiente" para adoptar esta medida y que los escritos de acusación se acomodan a lo que exige la ley para sustentar el proceso, a pesar de que fueron corregidos por el juez Luciano Varela. El Tribunal solo los califica de "excesos en la instrucción".

Sobre el segundo de los motivos para anular la causa, la aplicación de la doctrina Botín que impide a la acusación popular acusar cuando ni el perjudicado directo ni el fiscal lo hagan, tampoco es suficiente para el tribunal porque argumenta que se trata de un "delito de naturaleza pública". La decisión no ha sido fácil. Tres de los siete magistrados han sido partidarios durante la deliberación de anular el juicio. El autodenominado sindicato Manos Limpias y el colectivo Libertad e Identidad solicitan 20 años de inhabilitación para Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación. La fiscalía pide el archivo de la causa al no apreciar indicios de delito.