El Gobierno griego de unidad nacional obtiene la confianza del Parlamento
El Gobierno griego de unidad nacional que lidera el economista Lukas Papadimos ha logrado la confianza del Parlamento con el apoyo de una holgada mayoría
El Gobierno griego de unidad nacional ha logrado la confianza del Parlamento con el apoyo de una holgada mayoría de 255 diputados en una cámara de 300 escaños. En contra votaron 38 diputados, y en total 293 legisladores participaron en el sufragio, según el presidente del Parlamento, Filipos Pechalnikos.
El Gobierno de transición, formado el viernes pasado por los socialistas del movimiento Pasok, los conservadores de Nueva Democracia y los ultraderechistas de Laos, tiene como objetivo ratificar y comenzar a aplicar los acuerdos del segundo rescate financiero que salve al país de la bancarrota.
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Dos diputados del Pasok y otro de Nueva Democracia le negaron la confianza al Gobierno, pero el apoyo de cinco legisladores de otros grupos minoritarios compensaron esas defecciones.
Antes del voto de confianza, el nuevo primer ministro griego, Lukas Papadimos, había solicitado a los diputados que apoyasen la "tarea titánica" que tiene por delante el Ejecutivo para enderezar la economía y alejar a Grecia del peligro de salir del euro.
"Cada uno de los votos a favor es equivalente a una decisión responsable para que no esté en peligro la permanencia de Grecia en la zona el euro y para el progreso de la economía", dijo Papadimos. "Los problemas empeorarán si Grecia no participa en la zona del euro", afirmó Papadimos al referirse a las consecuencias sobre sueldos y pensiones de una eventual salida de la divisa única.
Segundo rescate
El mandato del nuevo Gobierno se limita a ratificar el segundo rescate acordado con la eurozona por valor de 130.000 millones de euros -además de la quita del 50 % de la deuda privada- y lograr liberar los 8.000 millones de euros pendientes de pago del primer paquete de ayuda antes del 15 de diciembre.
Para lograr ese objetivo, el nuevo Gobierno debe ratificar las impopulares medidas exigidas por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional antes de que los prestamistas liberen los recursos que eviten la suspensión de pagos.
