Primera evaluación de la aplicación de la Ley de Dependencia: la financiación del Gobierno supera a la autonómica

El informe del Gobierno desmonta las denuncias de las comunidades gobernadas por el PP de que son ellas las que las que pagan mayoritariamente el gasto y de que el estado incumple el acuerdo de cofinanciación de la Ley de Dependencia.

No hay más que recordar las declaraciones de hace unos meses del presidente gallego Alberto Nuñez Feijoo o de altos cargos de la Comunidad de Madrid o de la Generalitat Valenciana. La evaluación, a la que ha tenido acceso la SER, dice lo contrario.

En 2010 de los 3.600 millones de euros de financiación, el Gobierno aportó en 2010 el 54 por ciento frente al 46 por ciento de las autonomías. Y en cuatro, que son precisamente las que se quejan: Canarias, Valencia, Madrid y Galicia el estado llega a poner el setenta por ciento del coste de las nuevas prestaciones creadas por la ley. El caso canario es especialmente llamativo porque la aportación autonómica es bajísima: solo el diez por ciento. Por el contrario, el esfuerzo económico de País Vasco, La Rioja y Andalucía supera de forma notable al del Gobierno.

Según el informe que estudiará el Consejo de Ministros, la Ley de Dependencia ha creado en sus cuatro años de aplicación 165.000 empleos directos y 150.000 cuidadoras de familiares dependientes están cotizando a la Seguridad Social. Hay otro dato importante que destaca la evaluación realizada por el Gobierno: por cada cien euros que se invierten se recuperan 20 en impuestos y cuotas a la Seguridad Social.