El juez José Flors sienta en el banquillo al presidente Francisco Camps

Madrid

El juez José Flors ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el ex vicepresidente, Víctor Campos, el que fuera número dos del PP en Valencia, Ricardo Costa, y el antiguo jefe de gabinete de Turismo, Rafael Betoret. El auto señala que con los regalos que hicieron las empresas de la trama, consiguieron "el favor de Camps" y por lo tanto una "influencia determinante" a la hora de contratar con la Generalitat.

El juez del Tribunal de Justicia de Valencia José Flors ha concluido las pesquisas de la rama valenciana del caso Gürtel que afecta al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, después de dos años de investigación.

Flors ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra Camps y su antigua cúpula, tanto en el gobierno autonómico como en el partido. Víctor Campos, ex vicepresidente, y Ricardo Costa, antiguo secretario general del PP valenciano. El cuarto acusado es Rafael Betoret, ex jefe de gabinete en turismo, el departamento que más contrató con la empresa de la trama en Valencia, Orange Market. Todos ellos se sentarán en el banquillo por haber cometido un presunto delito de cohecho pasivo al haber aceptado las prendas de vestir que les regalaron los empresarios investigados con motivo del cargo público que ocupaban.

La minuciosa resolución de José Flors sostiene que entre 2005 y 2008 los empresarios Álvaro Pérez y Pablo Crespo convinieron con el sastre José Tomás adquirir prendas en los establecimientos para los que trabajaba y liquidar la factura periódicamente. Álvaro Pérez se las regalaba a los acusados "a sabiendas de que quién asumiría el pago de su importe", sería un tercero, Pablo Crespo, "interesado en la adjudicación de contratos por parte de la Administración de la Generalitat Valenciana". El objetivo, según el juez, era "ganarse, mediante el agasajo, el favor de las personas obsequiadas". No es necesario, explica Flors, "razonar mucho para entender que el hecho de poder contar con la complacencia y el favor de nada menos que del Presidente y Vicepresidente de una Comunidad Autónoma, a quienes se agasaja, puede ser de una influencia determinante con los órganos de la administración autonómica, dirigidos por aquellos". Basta sólo, concluye, "que se conozca la estima que se les dispensa para que pudieran verse favorecidos sus intereses económicos".

Trece indicios

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El auto recoge hasta trece indicios contra los cuatro dirigentes del PP. Entre ellos, la declaración del sastre, José Tomás, el conocimiento que tenían los empleados de la manera de suministrar prendas a "personas de relevancia política en la Comunidad Valenciana", el informe de la agencia tributaria o las conversaciones telefónicas intervenidas a Ricardo Costa, después de la declaración del sastre ante el fiscal. Indicios que llevan al juez a afirmar que "no consta ninguna causa o razón diferente de la condición personal de los receptores de las prendas de vestir y de la función pública que desempeñaban que pueda explicar porqué las empresas les obsequiaron de aquel modo". Sobre el giro copernicano que las defensas hicieron en el acto de la Audiencia. Preliminar, admitiendo que los trajes que recibieron fueron un regalo por la amistad que les unía a Álvaro Pérez, responde Flors que "no excluye la tipicidad de su conducta porque los pagos los hacía Pablo Crespo, con quien no consta relación ninguna de amistad íntima".

El informe pericial

Los abogados de los cuatro imputados también incidieron mucho en que el informe pericial no concluía sin ningún género de dudas que las prendas de vestir no las hubieran pagado sus clientes. Este argumento tampoco ha convencido al instructor, que subraya que las tiendas en donde se compraron las prendas de vestir "no responden al modelo de una contabilidad comercial llevada con rigor y seriedad porque constituyen un rudimentario sistema de control personal para el aplazamiento del pago". La finalidad era la de "no evidenciar la irregularidad de su comportamiento ni ante la empresa, ni en la contabilidad de las sociedades pagadoras ni tampoco, obviamente, ante terceros" A ello, hay que añadir, "la posible manipulación de datos informáticos efectuada con la aparente finalidad de excluir a determinada persona implicada en los hechos". Manipulación que reconoció ante el juez durante la audiencia preliminar un informático de la sastrería, para modificar el número de cliente de Francisco Camps.