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Portugal elige el gobierno que lidiará con el FMI y la UE

Las encuestas apuntan a una mayoría de la derecha en el Parlamento que retiraría del poder a José Sócrates tras seis años de gobierno

Los más de nueve millones de portugueses que están llamados a las urnas este domingo tienen en su mano la elección del gobierno que deberá lidiar los próximos tres años con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Unión Europea (UE), que vigilarán de cerca el cumplimiento del duro programa económico que acompaña el rescate de 78.000 millones de euros. Las encuestas apuntan en la recta final de la campaña a una mayoría de la derecha en el Parlamento.

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Los comicios de este domingo son los comicios de reválida del primer ministro y candidato del Partido Socialista, José Sócrates, que se vio obligado a presentar su dimisión el pasado mes de marzo, poco más de un año después de haber sido reelegido primer ministro de Portugal. Las elecciones anticipadas marcaron el final de un gobierno en minoría que no consiguió sacar adelante el último plan de austeridad acordado con Bruselas que debía alejar al país de un rescate financiero.

El pasado 23 de marzo, todos los partidos de la oposición dieron la espalda al plan de ajuste del Gobierno en el Parlamento, que ya era el cuarto en el último año. El rechazo de los partidos más a la izquierda, que juntos suman el 17% de los votos, era esperado por sus críticas a un Ejecutivo más preocupado por atender los dictados de Bruselas que las necesidades de la población. Lo que no era esperado era el voto negativo del PSD, principal partido de centro-derecha.

El líder del Partido Socialdemócrata (PSD), Pedro Passos Coelho, pasó de apoyar un gobierno en minoría en su actuación contra la crisis, como se dejó ver en la votación del Presupuesto del Estado para 2011, a desencadenar una crisis de gobierno que desembocó en la convocatoria de elecciones anticipadas. Entretanto la situación de la deuda pública se hizo insostenible y José Sócrates se vio obligado a pedir un rescate financiero el 6 de abril a la UE y el FMI.

Una delegación del Banco Central Europeo (BCE), de la Comisión Europea (CE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) aterrizó en Lisboa pocos días después para conocer a fondo la situación de las cuentas públicas portuguesas y acordar el programa económico más duro que se recuerda en Portugal con el fin de reducir el déficit público al 5,9 por ciento del PIB en 2011, al 4,5 por ciento en 2012 y al 3 por ciento en 2013. Como consecuencia, Portugal entrará en recesión los próximos dos años al 2 por ciento.

Los primeros tramos del préstamo con el FMI y la UE, 12.000 millones, llegaron con rapidez las últimas dos semanas de mayo, en plena campaña electoral, ante las dificultades reconocidas por el ministro de Finanzas, Fernando Teixeira dos Santos, de hacer frente a las obligaciones financieras del Estado en junio. El segundo tramo de la ayuda, en agosto, está condicionado a una serie de reformas y medidas que tendrá que afrontar el nuevo gobierno en un tiempo récord.

Las encuestas apuntan en el inicio de la campaña a un resultado ajustado este domingo y el alto número de indecisos (en torno a un 20 por ciento) dejaba abiertas todas las posibilidades, haciendo difícil a los analistas políticos un pronóstico. Así, mientras los líderes del PSD y el PS se recorrían el país pidiendo la mayoría absoluta, un pragmático CDS-PP, de centro-derecha, se intentaba situar a la izquierda del PSD previendo que tendrá en su mano la llave de gobierno.

Sin embargo, en la recta final la balanza se inclinó a un Parlamento de mayoría de derechas y los sondeos daban al PSD una ventaja de 5,4 puntos sobre el PS, lo que favorecería la formación de un gobierno de coalición PSD/CDS para obtener la mayoría parlamentaria que reclaman todos los sectores de la sociedad para cumplir con las duras exigencias de la ''troika''. No sería tan bueno para José Sócrates, que vería comprometida su continuidad como secretario general del PS.

Primeras tareas

En todo caso, sea cual sea el candidato ganador, no va a haber mucho tiempo para negociaciones. Nada más entrar en funciones, previsiblemente en julio, el nuevo Ejecutivo tendrá menos de un mes para cumplir con las exigencias del memorando acordado entre el Gobierno portugués, el FMI y la UE, con el apoyo del PS, el PSD y el CDS-PP. Los partidos más a la izquierda, que se negaron a participar en las negociaciones con la ''troika'', están fuera de cualquier posibilidad de gobierno.

El hecho de que gane quien gane la las elecciones de este domingo tendrá que cumplir todas y cada una de las medidas incluidas en el memorando firmado con la ''troika'' ha convertido la campaña electoral en un continuo cruce de acusaciones sobre quién llevó el país a la intervención, sin propuestas reales ni debates fructíferos, si bien el desgaste de José Sócrates tras seis años de gobierno parece haber favorecido al conservador Pedro Passos Coelho.

El nuevo Gobierno tiene hasta final de julio para elaborar una propuesta de alteración de los costes de trabajo, que pasaría por la reducción de las prestaciones de las empresas a la Seguridad Social, asunto discutido en la campaña. Sócrates no quiere dar cifras pese a que firmó con la ''troika'' una "reducción sustancial" de esta tasa, mientras que Passos Coelho habla de cuatro puntos porcentuales, pero no de cómo compensará esta reducción en los ingresos del Estado.

Asimismo, tendrá que encontrar un comprador al nacionalizado Banco Portugués de Negocios (BPN) antes de que finalice julio, presentando antes de nada un plan a Bruselas de actuación para su venta. Además, deberá de realizar un informe con detalle de la estructura empresarial del Estado y sus costes, proponiendo reducciones específicas y techos de deuda para estas empresas antes de 2012, y dar un impulso a los procesos judiciales empantanados.

La medida más polémica vendrá sin duda de la mano de la reforma laboral, en la que la ''troika'' pide reducir las indemnizaciones por rescisión de nuevos contratos indefinidos de 30 a diez días por año trabajado, con un límite máximo de doce meses. En los contratos temporales, la propuesta es reducir de 36 a diez días en los contratos de hasta seis meses, y de 24 a diez días las indemnizaciones de los contratos temporales de más de seis meses.

 
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