40 años de chantaje al empresariado vasco

Ha sido la fuente de financiación más habitual de ETA desde los años setenta. La organización terrorista comenzó a utilizar la extorsión como medio para recaudar fondos, frente a otros métodos más arriesgados como los atracos o los secuestros.

El proceso del llamado "impuesto revolucionario" comenzaba comunicándose por carta a los destinatarios, generalmente industriales y comerciantes, a quienes se solicitaba "la aportación económica", indicando claramente la cifra y las consecuencias. "Usted y sus bienes -se solía decir en las misivas- son a partir de ahora objetivo operativo de ETA, que decidirá cómo y cuándo actuar".

En un principio, los pagos se realizaban en metálico y fuera de España, en localidades del País Vasco francés. Más tarde ETA cobraba directamente en locales vinculados a grupos abertzales. El chantaje acabó sofisticándose, solicitando patrocinio para ciertas actividades o inserción de publicidad en medios de comunicación afines. Incluso se permitió a las víctimas pagar la extorsión en varios plazos.

La persecución de este tipo de delito ha llevado a algunas operaciones bien conocidas, como la Operación Sokoa, en 1986, en la que se descubrió que solo en seis años la banda armada había ingresado por este concepto más de 1.160 millones de pesetas (7 millones de euros) procedentes de más de mil empresarios. Otras operaciones similares, la Easo y la Diru Gutxi (Poco Dinero en euskera), acabaron con el desmantelamiento de redes de extorsión. Pero la actuación policial no ha evitado que a veces ETA culminara su amenaza: el asesinato de Javier Ibarra, José Luis Legasa, José Edmundo Casán, José Manuel Olarte, Francisco Arratibel o José María Korta dan idea del chantaje al que han estado sometidos los industriales del País Vasco en las últimas cuatro décadas.