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El 75% de los contratos de vivienda contienen cláusulas abusivas

El retraso en la entrega de las llaves la falta de una licencia o el obligar al usuario a subrogarse en la hipoteca, las más comunes

Hay casos muy comunes, como el retraso en la entrega de la vivienda, pero que los consumidores no interpretan como mala práctica. Que la empresa constructora alegue que falta una licencia no es excusa: es un problema de la empresa y del empresario, y no del consumidor, que puede llevar esto a los tribunales.

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Un 75% de los contratos analizados por la Unión de Consumidores de España incluyen este tipo de prácticas, por eso, animan al usuario a reclamar y denunciar, que pierdan miedo a los juzgados, ya que la compra de una vivienda es la inversión más importante que una persona va a hacer a lo largo de su vida. Hay que tener en cuenta que prácticamente la totalidad (más del 90%) de las reclamaciones de los usuarios que llegan a los tribunales se resuelven a su favor.

Las cláusulas abusivas más frecuentes son las que suponen al consumidor gastos que corresponden al vendedor (como los de documentación y tramitación), y de los cuales éste debería hacerse cargo. Las hipotecas también están en el punto de mira en este aspecto: el obligar al usuario a subrogarse en la hipoteca que el promotor o el constructor obtuvo para la edificación de las viviendas, o la penalización al usuario que decide no subrogarse a esa hipoteca.

Una cláusula abusiva tiene la consideración jurídica de cláusula nula, no puesta, cuando así lo declare un tribunal, aunque el contrato ya esté firmado. El problema al que nos enfrentamos ahora es que, según la Unión de Consumidores de España, estamos pagando las consecuencias de los contratos firmados hace 5 años, cuando había una actividad de contratación muy alta, "de cualquier manera". Los profesionales que se dedicaban a la venta de pisos tenían "escasa formación técnica cuyo único objetivo era vender". Eso generó una situación de conflicto que tiene su repercusión en la actualidad en abusos reflejados en estas malas prácticas. La UCE quiere llamar la atención sobre la falta de protección de los consumidores, a los que no se les suele restituir el daño provocado.

 
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