La Fiscalía del Supremo archiva la investigación sobre el patrimonio de José Bono

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado las diligencias de investigación penal que abrió después de la denuncia del PP contra el presidente del Congreso, al entender que el nivel de sus posesiones es "normal" teniendo en cuenta "el volumen económico" que genera

En un decreto firmado por el teniente fiscal del Supremo, Juan José Martín-Casallo López, el Ministerio Público estima que los hechos denunciados por el PP no son constitutivos de delito, ya que "no se trata de incrementos patrimoniales no justificados, que fueron resultado de actividades ilícitas, ni tampoco de blanqueo de capitales ilegalmente adquiridos", sino que sus posesiones responden a su "muy alto" poder de "generar ingresos".

En el escrito, la Fiscalía afirma que, en su denuncia, sucesivamente ampliada en los últimos dos meses, el principal partido de la oposición aportó como prueba de sus insinuaciones "meras fotocopias de periódicos", sin señalar "el delito que presuntamente podría haber cometido el denunciado, limitándose genéricamente a señalar como posibles ''delitos contra la Hacienda Pública y contra la Administración Pública''".

El teniente fiscal de la Fiscalía del Supremo ha decidido dar carpetazo a la denuncia del PP tras ordenar un informe a la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y tras recibir un informe del propio denunciado, el pasado 5 de julio.

Según han informado fuentes del Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado remitió el pasado 18 de junio a la Fiscalía del Tribunal Supremo el escrito presentado ante esta institución por el PP el pasado 2 de junio, y que venía a ampliar el original del 29 de abril, al entender que "podía tener carácter de denuncia" y dada la condición de aforado del presidente del Congreso.

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Una vez recibido este escrito, la Fiscalía del Supremo decidió abrir diligencias de investigación penal, de las que dio traslado al denunciado para que alegara "de estimarlo oportuno", y solicitó un informe a la Fiscalía Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

En su respuesta, presentada el pasado 5 de julio, Bono adjuntó, entre otros documentos, una declaración de bienes de él y de su esposa de 1995, cuando accedió al cargo de presidente de Castilla-La Mancha, y otra de 2004, año en que abandonó dicho cargo, así como una tercera con motivo de su toma de posesión, en 2008, como presidente del Congreso. También incluyó el acta de la reunión celebrada por la Junta de Portavoces de la Cámara Baja el 20 de abril de 2010, en la que se enumeraron los bienes pertenecientes al presidente.