PT pide a Telefónica ampliar el plazo para la negociación de la venta de Vivo
El operador luso quiere que las negociaciones se llevan al comité ejecutivo
Portugal Telecom (PT) ha pedido a Telefónica ampliar el plazo para la negociación por la venta de Vivo, después de que el consejo de administración de la firma lusa concluyera sin acuerdo sobre la oferta de la española para hacerse con su participación del 30% en la brasileña a un precio de 7.150 millones de euros
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El grupo español había dado de plazo límite al operador luso para decidir sobre dicha propuesta hasta las 23.59 horas de este viernes (horario portugués, una hora más en España). PT ha pedido a Telefónica una prórroga con el objetivo de que las negociaciones continúen a un nivel más profundo, es decir, desde la junta del comité ejecutivo de la lusa, según informa el diario ''Jornal de Negocios''.
La firma presidida por César Alierta deberá decidir si acepta esa prórroga y si mantiene su oferta de 7.150 millones de euros -el pasado 30 de junio elevó a esta cifra su anterior oferta de 6.500 millones de euros- por el 50% del accionariado que PT controla en Brasilcel, holding que controla a su vez el 60% de Vivo.
El Gobierno luso, que el pasado 30 de junio usó la ''acción de oro'' pese a que una amplia mayoría de los accionistas de PT dieron el visto bueno a la oferta de la española sobre Vivo, anunció hoy que mantendrá su oposición a la venta si Telefónica no modifica la actual oferta de 7.150 millones de euros.
No obstante, Banco Espirito Santo, principal accionista de Portugal Telecom (PT) con casi el 8% del capital del operador luso, defendió la venta para construir "una nueva vida en Brasil". En concreto, el presidente de la entidad financiera, Ricardo Salgado, señaló que la alianza entre PT y Telefónica en Brasil se ha "agotado", por lo que le gustaría ver que la compañía lusa cuenta con los medios financieros necesario para reinvertir en Brasil y "empezar una nueva vida".
El pasado día 8, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), dando la razón a la Comisión Europea, declaró ilegal la acción de oro utilizada por el Gobierno portugués por constituir "una restricción no justificada a la libre circulación de capitales", una decisión que el Gobierno luso dijo que acataría.
