Moody's rebaja la calificación de Portugal en dos escalones
La agencia considera que la fortaleza financiera de Portugal continuará debilitándose en el medio plazo
La agencia de calificación crediticia Moody's Investors Service ha decidido rebajar en dos escalones la nota de solvencia de los bonos de Portugal, hasta ''A1''(calidad buena) desde ''Aa2'' (calidad superior), con perspectiva "estable" ante la debilidad de los pronósticos de crecimiento de la economía lusa.
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"Moody's espera que los parámetros de deuda del Gobierno continúen deteriorándose durante al menos dos o tres años más, lo que eventualmente puede situar el ratio de deuda respecto al PIB y de deuda respecto a los ingresos en el 90% y el 210% respectivamente antes de estabilizarse", señala la calificadora de riesgos, que muestra también su preocupación por el potencial de crecimiento de la economía lusa a medio plazo.
"Aún no está claro cómo las reformas impulsarán suficientemente el crecimiento para permitir un punto de inflexión en el deterioro de los parámetros de deuda, especialmente ante lo reciente de las reformas del mercado laboral. Esto implicaría que el Gobierno de Portugal mantendría un relativamente alto endeudamiento en el futuro próximo", explica el vicepresidente de Moody''s, Anthony Thomas.
Por otra parte, la agencia justifica su decisión de otorgar una perspectiva "estable" a la deuda de Portugal en que, a pesar del indudable deterioro de los parámetros de deuda del Gobierno, se estabilizarán a niveles consistentes con una fuerte nota ''A''.
Co esta decisión, la calificadora de riesgos concluye la revisión para una posible rebaja del ''rating'' de Portugal iniciada el pasado 5 de mayo.
Moody's, la única entre las tres principales agencias de ''rating'' que aún otorga la máxima nota de solvencia a España, colocó el pasado 30 de junio la calificación ''Aaa'' de España en revisión de cara a una posible rebaja, que podría ser hasta de dos escalones, por el deterioro de las perspectivas de crecimiento económico, los desafíos a los que se enfrenta el Gobierno para lograr sus objetivos fiscales y las preocupaciones por el impacto del incremento de los costes de financiación a corto plazo.
