El Constitucional admite a trámite el recurso del PP y el Gobierno de Navarra contra la Ley del Aborto
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos del PP y el Gobierno de Navarra contra diversos preceptos de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, al tiempo que establece que se oiga al Gobierno, al Congreso y al Senado para que, en el plazo de tres días, formulen alegaciones a la petición del PP de suspensión cautelar de los preceptos recurridos de la norma, que entra en vigor el próximo 5 de julio
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Así, el Alto Tribunal da traslado de ambas resoluciones al Ejecutivo y las dos Cámaras para que formulen alegaciones, en el plazo de quince días en relación a la admisión a trámite de los recursos. Al mismo tiempo, pide que se les oiga en relación a la petición de suspensión cautelar para que, en el plazo de tres días, puedan hacer alegaciones.
Concretamente, el pleno del TC, a propuesta de la Sección Cuarta, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados y, en su representación y defensa, por el Comisionado don Federico Trillo-Figueroa Martínez.
Del mismo modo, el pleno del Constitucional ha acordado, a propuesta de la Sección Primera, admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Navarra contra el párrafo segundo de la disposición final quinta, el artículo 14 en relación con el 17 y el artículo 19.2 de la Ley.
Asimismo, establece, conforme a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, dar traslado de las demandas y los documentos al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el
proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes.
Igualmente, en cuanto a la solicitud de suspensión cautelar, formulada por el PP, establece que se oiga a Ejecutivo y Parlamento para que, en el plazo de tres días puedan hacer las alegaciones que estimen oportunas.
ACAI denuncia la inseguridad jurídica
Por su parte, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) rechaza el contenido final de los dos Reales Decretos que desarrollan la denominada ley del aborto por considerar que, con los últimos cambios introducidos en el texto aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros, se pone a los médicos "en la misma situación de inseguridad jurídica" en la que estaban antes de la norma y supone "un retroceso" para los derechos de las jóvenes de 16 y 17 años
Asimismo, denuncia que estos reglamentos "ponen trabas" al acceso en igualdad de condiciones al aborto en todas las comunidades autónomas, uno de los objetivos principales de la ley, y crean la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan "ideologizar" la información que se da a la mujer que decide abortar.
