Las Cortes de Castilla-La Mancha piden la retirada del Congreso la reforma del Estatuto de Autonomía

El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado, con los votos a favor del Grupo Socialista y los votos en contra del Grupo Popular, la propuesta de resolución presentada por diputados del PSOE por la que se acuerda la retirada de la Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. El presidente de las Cortes, Francisco Pardo, ha anunciado tras la votación que informará inmediatamente de esta decisión tanto al Congreso de los Diputados como al Senado.

El presidente regional, José María Barreda, como la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, protagonizaron un intenso ''cara a cara'' parlamentario con ovaciones y abucheos desde las bancadas tanto de socialistas como de ''populares'', y algunas llamadas al orden por parte del presidente de las Cortes, Francisco Pardo.

El texto del Estatuto será retirado por tanto del Congreso de los Diputados tres años después de su aprobación en el Parlamento regional por unanimidad, por lo que no llegará al pleno de la Cámara Baja. El último trámite del texto fue la aprobación la semana pasada del dictamen de la Comisión Constitucional tan solo con el respaldo del PSOE.

Se convierte así en el segundo estatuto de los denominados de "segunda generación", tras el de Canarias, que regresa a su Comunidad Autónoma de origen sin haberse aprobado, sin contar el denominado ''Plan Ibarretxe'', que no llegó a tomarse en consideración.

Termina también de esta forma el periplo de un texto cuyo origen se remonta a octubre de 2005 con el denominado Acuerdo de Fuensalida firmado entonces entre Barreda y el que fuera presidente regional del PP, José Manuel Molina, y en el que se recogía la voluntad de ambas partes de poner en marcha la reforma estatutaria en la región.

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Tras numerosos trabajos del grupo de ponentes, socialistas y ''populares'' se pusieron de acuerdo sobre un texto que fue aprobado por unanimidad en las Cortes regionales en febrero de 2007, donde se recogía la cuestión más polémica del texto, la caducidad del trasvase Tajo-Segura en el año 2015. La reforma entró posteriormente en el Congreso de los Diputados donde fue tomada en consideración en octubre de 2008.

El trasvase

La cuestión del agua se convirtió en el principal escollo del texto, y llevó al Gobierno regional a plantear que la fecha de caducidad del trasvase no se recogiera, a cambio de una reserva estratégica de agua para Castilla-La Mancha fijada en 6.000 hectómetros cúbicos. Posteriormente, esta cantidad fue rebajada a los 4.000 hectómetros cúbicos y llevada al preámbulo.

El informe de la ponencia con este precepto fue aprobado en el Congreso con apoyo del PSOE y CiU y con la abstención del PP. El grupo catalán dijo entonces que no apoyaría el texto si no recibía el respaldo de las dos fuerzas mayoritarias, lo que provocó que el consenso entre ambos se hiciera imprescindible para sacar adelante el texto.

Así las cosas, la semana pasada se celebró la Comisión Constitucional, en la que el PP presentó una propuesta de última hora que el PSOE rechazó por considerar rebajadas sus peticiones. Ello provocó que el PP votara contra el dictamen y defendiera su propuesta, y que Barreda anunciara la petición de la retirada del Estatuto ante la falta de consenso.

Desde entonces, Barreda y Cospedal se han culpado mutuamente del fracaso en la tramitación del Estatuto. El presidente de Castilla-La Mancha ha asegurado que "la batalla continuará" y que elevará "el tono" de sus reivindicaciones, mientras que la presidenta del PP ha pedido la dimisión de Barreda, ha considerado la retirada su "fracaso personal" y ha anunciado que su partido llevará en su programa electoral paras las elecciones autonómicas la aprobación del Estatuto.