Presentada en Argentina una demanda por crímenes del franquismo

Organizaciones humanitarias de Argentina y España y el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel han presentado este miércoles en los tribunales de Buenos Aires una demanda para que se investiguen crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Francisco Franco. La denuncia ha quedado en manos de la jueza federal María Servini de Cubría, según los demandantes, quienes expresaron su confianza en que "víctimas de la dictadura franquista" se sumen paulatinamente a esta querella.

Un total de diez asociaciones y dos particulares han presentado este miércoles una querella ante la Justicia argentina contra el "genocidio" cometido contra miles de personas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista en España, en virtud del principio de jurisdicción universal.

En su denuncia, solicitan que se pida a España la identificación de todos sus presidentes y ministros entre 1936 y 1977, en el marco de la investigación que ayude a identificar a los responsables de estos crímenes y la detención de los que continúen vivos.

Los denunciantes alegan que los crímenes cometidos en España entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, constitutivos de un delito de genocidio y/o de lesa humanidad, "nunca han sido investigados penalmente por la Justicia española". "Hasta el día de la fecha, la impunidad ha sido la regla frente a unos acontecimientos que podrían revestir la calificación jurídica de crimen contra la humanidad", afirman.

La denuncia ha sido presentada por un total de diez organizaciones no gubernamentales -Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, española; Abuelas de Plaza de Mayo; Liga argentina por los Derechos del Hombre; Comisión Provincial por la Memoria; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Centro de Estudios Legales y Sociales; Asociación de ex detenidos-desaparecidos; Federación de Asociaciones Gallegas de la República de Argentina; Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y el Comité de Acción Jurídica- y por dos particulares, Darío Rivas Cando e Inés García Holgado.

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Estos dos últimos denuncian, respectivamente, la muerte de su padre y de tres tíos. El padre de Rivas fue alcalde de la localidad gallega de Castro de Rei y, tras la sublevación, fue encarcelado. Finalmente, murió fusilado en 1936, el día en que fue puesto en libertad, cuando caminaba por una carretera. Su cuerpo fue encontrado en una exhumación realizada en 2005 en la localidad lucense de Portomarín.

Homicidios perfeccionados por la Falange

Mientras tanto, un tío de Inés García permanece desaparecido y los otros dos fueron fusilados. En la querella, los 12 denunciantes alegan que los familiares de Rivas y García "fueron víctimas de una técnica de homicidios perfeccionada por la Falange Española, que denominaba ''paseos'' los fusilamientos por la espalda de los presos a los que los sublevados no sometían a un juicio, cuyos cadáveres eran dejados al costado por los caminos".

Todas estas circunstancias, afirman, se extienden a "decenas de miles de personas asesinadas en las semanas que siguen al 17 de julio de 1936 por el grupo de oficiales militares alzados, la Falange Española y otras organizaciones afines de apoyo a la insurrección, en lo que constituyó un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes.

Para la determinación de los hechos delictivos, el contexto en el que se produjeron y sus características, los querellantes transcriben extensamente párrafos de los autos del juez Garzón de 2008 en los que, primero, se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo y, posteriormente, trasladó la competencia a los juzgados de las provincias donde hay fosas comunes.