La legislación europea ampara las escuchas ordenadas por Garzón

Madrid

El Ministerio Público recurrió a las legislaciones española y europea para justificar la intervención de las comunicaciones entre los abogados y los presuntos cabecillas de la trama Gürtel en la prisión de Soto del Real. De un lado, la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite esta medida cuando se utilice para la investigación del delito cometido y, del otro, la legislación europea que consagra que el derecho de defensa no es absoluto. Lo dice la directiva para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El documento señala que el asesoramiento jurídico está sujeto al secreto profesional, salvo que la finalidad sea el blanqueo de capitales o que el cliente solicite un abogado precisamente para que le ayude a seguir cometiendo un delito de blanqueo de capitales.

Fuentes jurídicas consultadas por la SER, recuerdan que Garzón acordó estas escuchas a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, después de que la investigación detectara que se estaban produciendo movimientos en las cuentas que Francisco Correa y Pablo Crespo tenían en Suiza cuando ya habían sido encarcelados y, por lo tanto, estaban incomunicados con el exterior. Unas cuentas que, tal y como les adelantó esta emisora, acumulan más de 20 millones de euros. Sus letrados en aquel momento, Manuel Delgado Solís y José Antonio López Rubal, fueron imputados por haber colaborado en un presunto delito de blanqueo de capitales. Con estos antecedentes, una vez que López Rubal y Delgado Solís fueron relevados por los actuales abogados de Correa y Crespo, Anticorrupción y el juez Garzón decidieron mantener las escuchas.