Salgado anuncia un acuerdo global para recortar el déficit público

Las autonomías gobernadas por el PP se han abstenido a pesar de haberse mostrado de acuerdo con los objetivos de estabilidad.

El Gobierno y las comunidades buscaban un acuerdo para reducir el déficit público y adaptarse así a las exigencias de Bruselas, que pide que el déficit se sitúe por debajo del 3% en 2013.

Finalmente ha habido acuerdo en el plan de reducción presentado por el ejecutivo y la vicepresidenta económica ha hablado de "acuerdo global" aunque lo cierto es que las comunidades autónomas gobernadas por el PP se han abstenido en la votación.

Las comunidades se han comprometido a que su déficit se quede en el 1,1% dentro de cuatro años, ese será su granito de arena. El cómo lo harán lo debe decidir el grupo de trabajo que también se ha creado hoy y que tiene que tener sus deberes hechos antes del 10 de junio.

Ambas cosas se han aprobado también hoy: la creación del grupo de trabajo con el voto en contra del PP y el compromiso de reducción del déficit con su abstención. Salgado ha destacado que, a pesar de todo, los populares han visto todo con "muy buenos ojos".

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El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado además los planes de ajuste de nueve comunidades autónomas que supondrán un recorte del gasto de caso 2000 millones de euros.

Dificultades para hacer frente a la ley de dependencia

La principal queja de varias comunidades, la mayoría muy endeudadas, es que a la hora de fijar el techo de déficit máximo al que pueden llegar, el Gobierno ha marcado un tope sin contar con ellas y ahora, sin embargo, les pregunta cómo lo van a hacer para reducir su endeudamiento.

Además dicen que se ha fijado el mismo techo para todas sin tener en cuenta las peculiaridades de cada una.

Varios consejeros como el conseller valenciano de economía, el popular Gerardo Camps, han anunciado que mantendrán una postura muy crítica frente a las decisiones del Gobierno porque consideran que se tenía que haber discutido primero con las comunidades autónomas.

El gobierno de Zapatero se marcó esta ley como una de sus grandes apuestas sociales y ha insistido en muchas ocasiones en que los recortes no deben afectar a su desarrollo.