Nuevos apoyos en la prensa a los periodistas de la SER

La sentencia que condena a los periodistas Daniel Anido y Rodolfo Irago a penas de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la profesión periodística por revelación de secretos tras hacer pública una lista de afiliaciones irregulares al PP de Madrid, sigue levantado polémica y sumando nuevas voces en apoyo a los periodistas.

Este miércoles dos editoriales del diario El País suman sus voces contra la sentencia. Javier Pradera, columnista habitual del diario de Prisa, escribe en Una sentencia inicua y lunática sin medias tintas: "Pese a las vueltas y revueltas del juez Ricardo Rodríguez (...) por las frondosas ramas del derecho a la información, la libertad ideológica, la privacidad, la intimidad, la protección de datos y los derechos de la personalidad, los dos periodistas son condenados de manera estrambótica por un delito de revelación de secretos", para continuar con ironía, "Los ciudadanos sobresaltados probablemente por tan severo castigo tal vez se pregunten si los secretos revelados por Anido e Irago pusieron en peligro la seguridad del Estado, destriparon la patente de Coca-Cola, ofendieron el honor de la familia real o facilitaron a los terroristas la fórmula para construir artefactos nucleares".

Pradera se cuestiona los motivos que han llevado al juez a interpretar los hechos de ese modo. "¿Ignora el juez Rodríguez que la Constitución prohíbe las asociaciones secretas (artículo 22.4) y ordena que los partidos sean democráticos en tanto que instrumentos de la participación política (artículo 6)? Hay que pellizcarse al leer en la sentencia de un Estado de derecho que la militancia ruidosa, voluntaria y pública en un partido democrático pertenece al "núcleo duro de los derechos de intimidad más estricta" de una persona". Con esa reflexión concluye un artículo que, como muchos otros, no ha querido obviar la polémica sentencia.

El punto de partida del juez es erróneo

La otra opinión viene firmada por Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, una voz autorizada para hablar sobre leyes. Carrillo comienza su artículo con una obviedad necesaria. "Que la información sobre asuntos de interés público es un pilar del sistema democrático no parece que pueda haber duda. Sobre todo para el Tribunal Constitucional". Más adelante continúa de este modo: "La información veraz es la base de una sociedad democrática. No a cualquier precio, sino acorde con unas reglas que en lo esencial se basan en la información de interés público".

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Posteriormente señala los principales fallos de la sentencia en cinco puntos. "El punto de partida del juez es del todo punto erróneo al establecer una incomprensible distinción entre los medios de comunicación tradicionales (prensa y RTV) e Internet". Después señala que "su razonamiento es inductivo y tributario de la lógica del Derecho Penal puro y duro". El tercer punto remarca que "la información era de interés público no puede haber duda. Además, el interés público se justificaba en el hecho de que una afiliación irregular es una forma más de funcionamiento no democrático de un partido". "Que la información era veraz y obtenida con diligencia profesional lo muestra la propia sentencia". "Tampoco existe violación del habeas data de los afiliados porque los periodistas no llevaron a cabo tratamiento alguno de datos contenidos en un fichero".