El PP reconoce no tener presupuesto para continuar el Campus de la Justicia

El portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid Juan Soler reconoció este miércoles que el Gobierno regional no puede seguir adelante con la construcción del Campus de la Justicia, hecho que les llevó a rechazar las propuestas socialistas en materia de Justicia dentro del Debate del Estado de la Región que se celebró este miércoles en la Cámara autonómica.

"Hay una parte de la resolución que no podemos asumir desde el Grupo Parlamentario Popular que es la continuación en lo que se refiere al Campus de la Justicia, pero el resto de los que ustedes proponen nosotros estamos completamente de acuerdo", indicó el portavoz adjunto, que instó a los socialistas a que vuelvan a formular sus propuestas como iniciativas parlamentarias a lo largo del curso.

Propuestas

El PSOE reclamaba "reactivar la construcción del Campus de la Justicia" refinanciándola "a través de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid con el objetivo de acabar con la dispersión y mala situación de muchos de los edificios judiciales del partido judicial de Madrid".

Asimismo, en su propuesta abogan por elaborar un plan de transición en el partido judicial de Madrid, hasta la puesta en funcionamiento del Campus, de unificación de sedes judiciales por jurisdicción y la mejora de las existentes, como, según citan, recoge la memoria del TSJM; y por aumentar los esfuerzos para la construcción de nuevos edificios judiciales en los partidos judiciales de la periferia y planificar nuevas demandas derivadas del incremento de la planta judicial.

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Cooperación

PSOE también proponía "agilizar la cooperación institucional" entre el Gobierno central y autonómico para "mejorar la agilidad y calidad de la Administración de Justicia en la región", y "mantener el esfuerzo especial que en materia de planta judicial se está realizando" en Madrid desde las mismas administraciones.

Por último, también apostaban por crear una "comisión institucional de expertos en la materia que elabore un plan de actuación para la región una vez que la comisión institucional creada por el Gobierno de España determine las necesidades de planta y demarcación en el conjunto del Estado, garantizar el buen funcionamiento de la Justicia Gratuita y que la articulación del sistema se realice a través del Consejo de Colegios de Abogados y estableciendo un sistema de pago que dé seguridad y no resulte oneroso para los profesionales que garantizan la efectividad de este derecho".