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Garzón pide los testimonios de 2004 de Arzak, Arguiñano y Berasategi

En relación al sumario abierto el pasado octubre sobre la extorsión de la banda terrorista ETA a empresarios

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha reclamado los testimonios que los cocineros Juan Mari Arzak, Karlos Arguiñano y Martín Berasategi prestaron en 2004 ante otro magistrado del mismo tribunal para incorporarlos al sumario en el que investiga el aparato de extorsión de ETA.

En un auto notificado esta semana, Garzón accede a la petición hecha en este sentido por la asociación Dignidad y Justicia, al considerar que las declaraciones de los tres cocineros "pueden aportar nuevos elementos al acervo documental de esta causa para formar una idea más aproximada del mecanismo o procedimiento de extorsión y amenaza de ETA".

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En 2004 el juez Fernando Andreu abrió un procedimiento después de que el etarra José Luis Beotegi declarara que los tres cocineros citados -y también otro, Pedro Subijana- habían recibido cartas de extorsión de la banda terrorista.

Andreu llegó a tomar declaración como imputados por un delito de colaboración con banda armada a Arzak y a Subijana, y como testigos a los otros dos, ya que en el caso de Arguiñano y Berasategi el etarra dijo que no sabía si habían llegado a pagar alguna cantidad.

Finalmente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional desestimó solicitar el procesamiento de los cocineros vascos ante la falta de pruebas.

Ahora, Garzón quiere incorporar sus testimonios al sumario en el que el pasado mes de octubre procesó a 24 personas en relación con el aparato de extorsión de ETA, entre ellas seis directivos de la empresa Azkoyen, y retiró la imputación por estos hechos a otras once, entre las que destacaba el ex dirigente del PNV Gorka Agirre, recientemente fallecido.

Entre los 24 procesados, a los que imputó los delitos de integración o colaboración en organización terrorista y amenazas, figuran dirigentes etarras como Soledad Iparragirre, "Anboto"; el dueño del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) en el que supuestamente se cobraba el impuesto revolucionario, Joseba Imanol Elosúa, y seis directivos de Azkoyen.

 
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