El PSOE tumba una moción para disolver los ayuntamientos gobernados por ANV

El Partido Socialista ha evitado este martes que el Congreso de los Diputados aprobase una moción que solicitaba utilizar todos los instrumentos legales posibles para expulsar a Acción Nacionalista Vasca (ANV) de aquellos ayuntamientos que gobierna en País Vasco y Navarra.

La moción, presentada por la diputada de UPyD, Rosa Díaz, contó con el apoyo del Partido Popular, que consiguió incorporar un par de enmiendas. Sin embargo, se encontró con el rechazo del PSOE, que tumbó la iniciativa con 188 votos en contra, frente a los 143 a favor de PP y UPyD. Además, hubo 2 abstenciones.

PSOE, PP y ERC presentaron enmiendas a la moción de Rosa Díez, pero la diputada sólo aceptó las del PP, por lo que el texto finalmente votado fue la moción de UPyD más las enmiendas incorporadas por la formación que lidera Mariano Rajoy.

En su intervención, Rosa Díez aseguró que la moción no es sólo consecuencia de una interpelación, sino sobre todo "de una situación insostenible en términos democráticos", como es que 42 ayuntamientos estén gobernados por una formación que, según los tribunales, forma parte del entramado de ETA. Por ello, la moción reclama que se aplique el artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local para iniciar el proceso de disolución de esas corporaciones locales y así "corregir una situación que nunca debió producirse" y devolver la legalidad a esa parte de España.

En respuesta a las reacciones del Gobierno, Rosa Díez precisó que no reclama la "ilegalización" de esos ayuntamientos, sino la aplicación de una ley de forma "generalizada", porque lo "absurdo", en su opinión, es que la legislación se aplique de forma "selectiva y calculada". La diputada preguntó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, qué significa exactamente su reflexión de que "el bisturí tiene que extirpar las células cancerígenas del terrorismo pero con cuidado de no rozar el corazón del pluralismo", porque pluralismo nada tiene que ver con terrorismo.

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Preguntó también qué quiere decir cuando afirma que se actuará "a su tiempo" y si con ello reconoce que será "cuando la jugada lo aconseje". En virtud del artículo 67.2 de la Constitución, según el cual los miembros de las Cortes Generales no están ligados a mandato imperativo", Díez pidió a los diputados que hagan uso "del libre albedrío" al margen de sus partidos para defender "la causa justa". Federico Trillo aseguró que el PP seguirá impulsando la disolución de esos ayuntamientos, y denunció que no se quiere aplicar la legalidad vigente y se remite la solución a una reforma.

"Utilización" del terrorismo

En su opinión, la disolución de esos ayuntamientos es un imperativo democrático. "A ver si vamos a tener que pensar que las razones electorales para manipular el terrorismo en campaña no son del PP", sentenció, porque en esta situación "no caben medias tintas". El portavoz de ERC, Joan Ridao, en nombre también de Izquierda Unida y de Iniciativa per Catalunya, con quien comparte grupo parlamentario, reconoció que un concejal incapaz de condenar el asesinato de un vecino está deslegitimado y merece "el más severo reproche ético y político, pero subrayó también que el silencio "no es delito" y que el castigo adecuado es el desalojo democrático por las urnas o mociones de censura.

El socialista Antonio Hernando denunció "el tacticismo y la utilización pura y dura del terrorismo" por parte de algunos, y se preguntó por qué esa iniciaitva se presentó tras el asesinato de Ignacio Uria y no antes, por ejemplo cuando mataron al socialista Isaías Carrasco en Mondragón. Hernando criticó algunas "salidas de tono injustas e infamantes" por parte de algunos dirigentes del PP a los que parece que "les escuecen" los éxitos de la lucha contra el terrorismo.

"De verdad pensábamos que habían bajado del monte", dijo al PP, pero se constata una vez más que cuando tienen problemas para hacer oposición "echan mano del terrorismo". Qué está pasando, se preguntó, para que en el mejor momento de la lucha contra ETA "sean tan desleales". En nombre del PNV, Emilio Olabarría, reiteró que según la sala del 61 del Tribunal Supremo no cabe una disolución generalizada, y alertó además de que la moción de Rosa Díez criminaliza a fuerzas políticas que sí condenan el terrorismo y que incluso han contribuido a desalojar a ANV, por ejemplo de Azpeitia.

Mercé Pigem, de CiU, explicó que sólo si hubiera una enmienda transaccional pactada por todos los grupos el suyo votaría a favor, ya que su posición en política antiterrorista siempre ha sido propiciar el consenso y respaldar al Gobierno, al margen de su color político.