Gobierno y CCAA abren la negociación para consensuar un nuevo modelo en 2009
Uno de los objetivos que debe tener el nuevo sistema es garantizar, según Solbes, que todos los ciudadanos tengan igual acceso a los servicios públicos fundamentales
El Gobierno y las comunidades autónomas han dado a última hora de ayer el pistoletazo de salida a la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica con el deseo de alcanzar un amplio consenso y tener listo el modelo en enero de 2009.
En la primera reunión de la legislatura del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, ha anunciado a los consejeros autonómicos que en breve abrirá una ronda de contactos bilaterales para conocer sus puntos de partida.
Un anuncio que ha sido bien acogido por los representantes autonómicos, aunque han señalado que llega tarde.
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Uno de los objetivos que debe tener el nuevo sistema es garantizar, según Solbes, que todos los ciudadanos, independientemente de donde residan, tengan igual acceso a los servicios públicos fundamentales, si bien ha destacado que antes habrá que definir cuáles son éstos.
Para 2009
Tras la reunión del CPFF, los representantes autonómicos han explicado a los periodistas que la intención del Gobierno es acordar el modelo en los próximos meses para que entre en vigor en enero de 2009.
La negociación, ha dicho Solbes, no debe dilatarse en exceso y se iniciará de manera inmediata de forma bilateral para conocer las propuestas de las autonomías.
Con el análisis de todas ellas, el Ministerio realizará una propuesta que servirá de base para el modelo y abrirá de nuevo otra ronda de contactos con las comunidades antes de presentar el documento al CPFF.
Para Solbes, la reforma del sistema es "urgente", sobre todo para "eliminar" la indeterminación que se ha creado en los últimos tiempos
Referencia al Estatuto de Cataluña
El vicepresidente ha reconocido la "obligación" de "intentar" cumplir la fecha del 9 de agosto que fija el Estatuto de Cataluña para acordar la financiación, pero ha señalado que además del texto catalán, existe la "necesidad de negociar con todos los demás".
Se trabajará tomando en consideración esa referencia, pero "no es la única", ha reiterado Solbes, quien ha recordado que otras comunidades además de la catalana también fijan en su estatuto su financiación.
El Gobierno quiere trabajar al "mayor ritmo posible", ha enfatizado Solbes, quien ha fijado en seis los principios esenciales del nuevo sistema.
Igual acceso
El primero de ellos, ha explicado, es garantizar que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan igual acceso a los servicios públicos fundamentales, si bien deberá definirse antes cuáles se consideran así.
Además, el modelo deberá garantizar que todas las autonomías puedan financiar sus competencias e introducir correcciones al modelo actual respecto a la evolución de la población.
Aumentar la cesión de impuestos, potenciar la corresponsabilidad fiscal y asegurar la suficiencia financiera del Estado para que mantenga al menos el 50% del gasto público son los otros principios resaltados por Solbes.
Para asegurar la unidad de mercado, el Estado se reservará en exclusiva los recursos provenientes del Impuesto de Sociedades.
Posiciones distintas
Solbes ha destacado el deseo de todos los consejeros de llegar a un acuerdo, pero ha reconocido que las posiciones son distintas en cada comunidad y, por tanto, "habrá que trabajar mucho".
El vicepresidente económico no ha percibido posiciones partidistas en los consejeros, sino una buena acogida a la idea de la negociación y a los principios básicos que la regirán, aunque "con matices en función de argumentos técnicos".
Por otra parte, el CPFF ha aprobado el objetivo de estabilidad presupuestaria de las comunidades autónomas para el periodo 2009-2011, cuyos presupuestos para el próximo año y el 2010 deberán aprobarse en equilibrio, al preverse un crecimiento de la economía entre el 2 y el 3%, mientras que en 2011 deberán tener un superávit del 0,1%, ya que el crecimiento previsto superará el 3%.
En este objetivo, según Solbes, no se considera el hecho de que las autonomías puedan incurrir en un déficit adicional del 0,25% del PIB regional por la realización de inversiones
