Garzón ordena prisión sin fianza para la alcaldesa de Arrasate por colaborar con ETA
Se le acusa de colaboración con organización terrorista, desobediencia judicial y quebrantamiento de las medidas cautelares
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha ordenado el ingreso en prisión incondicional y comunicada de la alcaldesa de Arrasate-Mondragón, Inocencia Galparsoro (ANV), por los delitos de colaboración con organización terrorista y quebrantamiento de las medidas cautelares. Según el magistrado, ha quedado "claro" que Galparsoro ha incumplido "expresamente" el auto de suspensión de ANV, decretado el pasado 8 de febrero.
De acuerdo con la resolución del juez, la alcaldesa, que será conducida a la prisión de Soto del Real, se ha implicado en el desarrollo de la estrategia común para contribuir a los fines de la organización terrorista.
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Según el auto de prisión del magistrado, ha quedado "claro" que Galparsoro ha incumplido "expresamente" el auto de suspensión de ANV, decretado el pasado 8 de febrero.
El juez, que no excluye imputarle también un delito de integración en organización terrorista, considera que la alcaldesa "ha ido más allá" de la "mera y puntual" aceptación de los postulados de Batasuna, Ekin y ETA y ha pasado a desarrollar una actividad "intensa" en la colaboración de los objetivos de la banda terrorista.
"Voluntad rebelde"
Garzón sostiene que la "voluntad rebelde" de la alcaldesa con respecto al cumplimiento de la suspensión de ANV se ha constatado en actuaciones como la rueda de prensa del pasado 23 de abril en la que Galpasoro, junto a los alcaldes de Hernani (Guipúzcoa), María Ángeles Beitialarrangoitia, e Igorre (Vizcaya), Galdor Olivares, anunciaron que iban a presentar contramociones en respuesta de las mociones "éticas" del PNV para exigir la condena del terrorismo.
Para el magistrado, esa "voluntad rebelde" no sólo es atribuible a ella sino que la tienen "todos, en todos los Ayuntamientos que controlan", en referencia a todos los cargos de ANV, y así lo van a hacer respondiendo a un "impulso común", el cual procede de una decisión que se adoptó de forma conjunta, según señala en el auto.
Por este motivo, el juez no descarta actuar contra otros componentes de ANV, "cuya eventual responsabilidad se analizará aparte".
Garzón entiende que Galparsoro fue la primera en llevar a cabo esa estrategia común al plantear en el pleno celebrado el 24 de abril en su Ayuntamiento una moción alternativa contra la presentada por el PSE/EE y el PNV, que fue rechazada, en la que se exigía dimitir a los concejales que no condenaran la violencia.
Además, el magistrado hace constar en su resolución la denominación que ha adoptado ANV para "disfrazar" el nombre del partido bajo la denominación de "electos independentistas", que -dice- resultan ser cargos del partido suspendido.
La alcaldesa de Arrasate-Mondragón ha llegado a la Audiencia Nacional a las 10.00 horas, acompañada del presidente de ANV, Kepa Mirena Bereziartua, de su abogado, Iñigo Iruin, y de una veintena de simpatizantes, después de que el pasado 25 de abril Garzón la citara a declarar al considerar que con sus últimas actuaciones ha incumplido la suspensión de actividades de la formación abertzale.
Iruín, habitual defensor de las causas de Batasuna y partidos afines, ha lamentado, en declaraciones a los periodistas, que "se haya abierto la vía penal para los electos de ANV".
El interrogatorio, en el que además de la fiscal Dolores Delgado las acusaciones populares Dignidad y Justicia y la AVT han pedido también prisión para Galparsoro, se ha retrasado hasta las 12.40 horas porque el juez ha estado analizando unos informes policiales y una documentación que ha aportado Dignidad y Justicia.
Registro en el Ayuntamiento
En relación con la citación judicial de la alcaldesa de ANV, la Policía ha registrado el Ayuntamiento de Arrasate-Mondragón por orden del magistrado y han solicitado allí las actas de los plenos municipales celebrados desde que Garzón ordenó la suspensión de actividades de ANV, el 8 de febrero.
Galparsoro es la cuarta dirigente de ANV a la que Garzón acusa de delitos que tienen que ver con la colaboración con banda armada, después de imputar un delito de colaboración con ETA y otro de asociación ilícita a Bereziartua, a la apoderada de la formación, Alazne Arozena, y el ex secretario general Antxon Gómez Lorente.
