Una jueza ordena parar el derribo de una de las últimas chabolas de El Salobral
La jueza ha argumentado que no podría sostenerse que su demolición suponga pérdida de riqueza, pero "lo cierto es que constituye el domicilio del recurrente y su familia"
La jueza de lo Contencioso Administrativo, número 20 de Madrid, Gema Ortega, ha ordenado, en un auto hecho público ayer a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento, la paralización del derribo de la chabola número 49, una de las últimas que aún quedan en el poblado de El Salobral (Villaverde).
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En el documento, la magistrada explica que, aunque se trata de una chabola y por lo tanto quizá no podría sostenerse que su demolición suponga pérdida de riqueza, "lo cierto es que constituye el domicilio del recurrente y su familia". Además, añade que esta medida provoca un "desarraigo social y de angustia", sin que de las alegaciones del Ayuntamiento se desprenda que exista un "interés público".
Precisa que el Consistorio madrileño "no alega y prueba en qué medida se impide la ejecución del planeamiento, por lo que debe acordarse la suspensión de la ejecución".
Un poblado en manos privadas
El poblado de El Salobral, que llegó a ser el mayor núcleo chabolista del sur de Europa, comenzó su proceso de desintegración en 2006 para sustituir las precarias edificaciones por viviendas de protección oficial y un polígono industrial.
"No entiendo cuál puede ser el beneficio que sacaría la ciudadanía de un polígono industrial privado", afirma Roberto Alonso Martín, abogado defensor de la familia, que se mostró "sorprendido" tras conocer el auto. Alonso cree que aún quedan muchos aspectos por resolver, como la razón por la que la Administración reclama "un suelo que no es suyo, sino de manos privadas, aunque no sepamos exactamente los nombres".
Este procedimiento judicial se inició cuando la familia propietaria de la chabola número 49, situada en el sector 3, interpuso un recurso "ante la negativa de la Dirección General de Urbanismo de paralizar una orden de desalojo en un plazo de quince días". "A mis clientes les dijeron que sino desalojaban, transcurridos quince días, se personarían con una autorización de entrada en el domicilio, documento que nunca recibieron", asegura Martín.
El abogado representa a otra de las "tres o cuatro familias" que viven en el poblado, pero aún no ha recibido una respuesta judicial.
Desalojos desde 2006
Los desalojos han sido coordinados en su totalidad por el Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS), que ha reubicado a las familias en trece distritos de la capital y diecinueve pueblos de la región.
El Salobral, delimitado por la línea de ferrocarril Madrid-Alicante, la M-45 y la avenida de Andalucía, estaba compuesto hace un año por 400 chabolas en las que vivían más de 1.400 personas, en su inmensa mayoría de etnia gitana, de los que 371 eran niños menores de 15 años.
La inversión que han realizado las administraciones en este proceso ha superado de los 37 millones de euros.
