El PCTV califica de "fraude de ley" recurrir a la vía penal para suspender su actividad
Los representantes argumentan que las pruebas que los vinculan con ETA-Batasuna son de 2005, y si entonces no había motivos para inhabilitarlos "tampoco debe haberlos en 2008"
Los representantes del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) se han reunido hoy en la Audiencia Nacional con Baltasar Garzón por primera vez desde que el juez comenzó el proceso de ilegalización del partido. Los acusados de mantener su vinculación con ETA-Batasuna han alegado que la suspensión de actividades ya se ha solicitado en el Tribunal Supremo según la Ley de Partidos y que hacerlo también por la vía penal es un "fraude de ley". Los miembros del PCTV han defendido además que las pruebas que incriminan son de 2005, y si entonces no había motivos para inhabilitarlos "tampoco debe haberlos en 2008". Mañana será ANV la que presente su alegaciones ante el magistrado.
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Otro de los argumentos de la defensa para evitar la suspensión ha sido que el artículo 129 del Código Penal, el que aplica el juez en este procedimiento y el que utilizó para decretar la suspensión de Batasuna en 2002, sólo es válido para suspender la actividad de una sociedad, empresa, fundación o asociación, pero no de un partido político.
Los acusados de relación con grupo terrorista han alegado además que los registros en los que la Policía halló la documentación incriminatoria, entre ellos los llevados a cabo en la sede del PCTV y ANV en Usurbil (Guipúzcoa), fueron "ilegales" y están recurridos.
El proceso
El pasado viernes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó ante Garzón sendos escritos en los que pidió al magistrado que dictara la suspensión de actividades de ANV y del PCTV "a la mayor brevedad posible", por considerar que son "instrumentos del entramado de ETA para la consecución de sus fines".
La Fiscalía solicitó para ambos partidos "la suspensión de toda clase de actividades por un período de cinco años", incluido "el derecho a la presentación de candidaturas y a la concurrencia a los procesos electorales".
De forma complementaria, el Ministerio Público solicitó a Garzón "la clausura temporal de los locales y establecimientos" de ANV y PCTV, así como "el embargo y bloqueo de las cuentas, depósitos y demás activos financieros" y de "los ingresos por subvenciones o cualesquiera otros conceptos procedentes de las Administraciones Públicas".
