El Poder Judicial propone asignar escoltas privados por orden judicial a las víctimas de maltrato
La asignación se llevaría a cabo de forma coordinada con los cuerpos policiales, únicos habilitados hasta ahora para cumplir este cometido.
El órgano de gobierno de los jueces asume que la seguridad privada pueda incorporarse a la lucha contra la lacra de la violencia de género y aprueba en su Comisión Permanente y por unanimidad la propuesta presentada por el vocal Enrique López.
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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó hoy en su Comisión Permanente y por unanimidad la propuesta que presentó el vocal Enrique López consistente en que los órganos judiciales puedan ofrecer escoltas de seguridad privada a víctimas de la violencia de género en casos excepcionales que lo requieran. Se trata de una iniciativa que ya presentó al Ministerio del Interior la Asociación Española de Escoltas (ASES) en 2004 y 2006.
Así, a pesar de que la labor de protección de las víctimas de este tipo de violencia corre a cargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Comunidades Autónomas, el texto recoge que en ocasiones excepcionales, los jueces puedan asignarles estos escoltas. Los casos considerados excepcionales deberán ser designados por los jueces siempre en aras a "la consecución efectiva de la protección de las víctimas".
La Asociación de Escoltas ya había presentado un ''Plan Integral de protección personal a las víctimas de la violencia doméstica'' en el año 2004. En aquella ocasión fue rechazado, por lo que volvieron a insistir en 2006, coincidiendo con la tregua de ETA, para poder reincorporar a aquellos escoltas privados que con dicha tregua quedarían desempleados.
Bermejo no lo considera necesario
Sin embargo, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, dijo en la localidad murciana de Calasparra, que contra la violencia machista "todo esfuerzo es poco, pero hay muchos modos de proteger a la mujer sin necesidad de someterla a ese añadido", refiriéndose al hecho de que puedan contar con escoltas privados.
A pesar de ello, el ministro añadió que, en todo caso, ésa es una cuestión que compete a los jueces, "y deben ser ellos quienes la decidan", pues en su opinión, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe "administrar y gobernar bien" a los jueces, y éstos, "tomar las decisiones pertinentes para proteger a las mujeres maltratadas".
