El Gobierno pide al Constitucional que rechace las recusaciones del PP

La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, ha pedido al Tribunal Constitucional que rechace de plano la recusación de tres magistrados planteada por el PP después que tanto éstos como otros tres jueces hayan desmentido la información periodística en la que se basó este partido.

El pasado 25 de octubre, el PP recusó a los progresistas Manuel Aragón, Pascual Sala y Pablo Pérez Tremps en su recurso contra la Ley Orgánica del tribunal (LOTC) basándose en una noticia publicada el día anterior por el diario El Mundo en la que se aseguraba que éstos "se mostraron partidarios de la reforma de la LOTC" en una reunión convocada por la presidenta María Emilia Casas el 12 de junio.

El día 29, todos los asistentes a la reunión -los cuatro citados, del sector progresista, más los conservadores Guillermo Jiménez y Ramón Rodríguez Arribas- decían en una carta: "lo hablado por cada uno de nosotros (...), sin carácter jurisdiccional ni gubernativo, no se corresponde en ningún extremo con lo que se indica en la información recogida en el diario El Mundo".

La Abogacía del Estado subraya que el escrito de recusación del PP "se basa en las supuestas manifestaciones vertidas en una reunión de magistrados -que se recogen en un medio de comunicación- y que han sido radical e indiscutiblemente rechazadas como contrarias a la verdad de los hechos por todos y cada uno de los intervinientes en dicha reunión". Así, considera que la carta de los seis magistrados "priva totalmente a la recusación contraria de fundamentación fáctica, lo que no sólo justifica, sino que exige su inadmisión liminar (de plano)".

El abogado del Estado agrega que una segunda carta firmada por el conservador Rodríguez Arribas, en la que reiteraba el desmentido, "aporta algún dato complementario, pero corrobora plenamente los términos del escrito del 29 de octubre".

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Esta parte considera, por el contrario, que la recusación en esta misma causa de los magistrados conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata por parte del Gobierno "se fundamenta en las manifestaciones contenidas en un documento escrito -cuya existencia es indiscutible-, que es remitido oficialmente -vía registro- a la presidenta del Tribunal y a los demás miembros del mismo".