Comienza el juicio contra el 'cazatesoros' Odyssey

Madrid

El Odyssey Explorer, buque insignia de la empresa Odyssey Marine Exploration, encontró un pecio de la época colonial cargado de monedas el mes de abril de 2007. El primer cargamento con piezas del yacimiento salió el 10 de abril desde Gibraltar a Tampa (Florida) en avión privado. El segundo dejó Gibraltar en un Boeing 757 de American Airlines. Las imágenes de los 552 envases con las 500.000 monedas de plata dieron la vuelta al mundo. El Gobierno español acusó a la compañía de expolio y un juzgado de Tampa verá el caso.

La empresa cazatesoros alega que tenía permiso del Ejecutivo para operar en aguas españolas desde hace nueve años y presentará un informe de 109 páginas que demuestra una larga relación de conversaciones, faxes y acuerdos entre la Odyssey Marine Exploration y el Gobierno español.

Estos documentos fueron enviados el pasado mes de julio a tres ministerios (Exteriores, Cultura y Presidencia) a la Junta de Andalucía, a la Guardia Civil y a la Fiscalía de Cádiz y desvelan que el asunto se convirtió en un tema político y diplomático y que el Gobierno dio permiso a Odyssey para trabajar en aguas españolas y buscar el Sussex, un buque británico hundido en 1694 en el Mar de Alborán con 20 toneladas de oro.

Hasta ahora se sabía que el Ejecutivo del Partido Popular había autorizado oficialmente la extracción del mismo barco en mayo de 1999 y Odyssey estuvo trabajando en la zona sin ningún obstáculo hasta el 6 de junio de 2001.

Un precedente favorable a España

Fue entonces cuando la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Cultura dirigida entonces por Carmen Calvo, suspendió las operaciones bajo la alegación de que el Ejecutivo se había inmiscuido en sus competencias al dar la autorización. Pese a la orden de la Junta el asunto no era fácil. El tesoro del Sussex llegó a los despachos de las embajadas. Los británicos habían llegado a un pacto con la empresa para el rescate del buque; España no quería interponerse y además, varios cargos del Gobierno vieron en ese acuerdo un modelo a seguir para rescatar la enorme cantidad de pecios que España tiene en los fondos marinos de otros países del mundo.

Una nota verbal

Las negociaciones se prolongaron hasta el año 2005, cuando la Junta empezó a dar su brazo a torcer. El 18 de agosto de ese año, el Departamento de Estado de EEUU comunicó a Odyssey que ya tenía autorización para trabajar en aguas españolas con el objetivo de identificar el pecio. El permiso llegó en forma de nota verbal de Exteriores, la comunicación más habitual entre países y con la que se pueden firmar acuerdos.

En la nota se dice que tanto la Junta como el Ministerio de Cultura desean tener la certeza de que el pecio encontrado es el Susssex y que para ello se deberá permitir a arqueólogos designados por la Junta ir a bordo de los buques de la compañía durante las operaciones. Pero los arqueólogos no llegaron. Odyssey reanudó los trabajos según la nota verbal de Exteriores. Días más tarde recibió la orden de la Junta de suspenderlos.

La Junta de Andalucía complica las cosas

La sorpresa de Exteriores ante el incumplimiento de los acuerdos hace que la Dirección General de Política Exterior para Europa y América del Norte envíe un fax a la Junta en noviembre de 2005. El fax aparece en los informes de Odyssey y en él se adjunta el acuerdo entre Cultura y la Junta. En resumidas cuentas, es un tirón de orejas a la Junta recordándole que todo estaba ya pactado. "Como puedes ver, tanto el enunciado como el contenido es claro, rotundo e inequívoco. [...] Me parece un asunto muy serio en el que de ninguna manera podemos dar a entender que la tramitación fue incorrecta por nuestra parte", señala el director general a Pedro Moya Milanés, de la Junta de Andalucía.

Después de aquello, las conversaciones se reanudaron, aunque la postura de la Junta siempre complicó las cosas. Sus responsables justificaron que el incumplimiento de los acuerdos porque los informes arqueológicos de Odyssey no se ajustaban a los criterios de los arqueólogos andaluces. La compañía siguió comunicando sus movimientos a la Guardia Civil y a la torre de Tarifa Tráfico. Salvo en algunas ocasiones, cuando salía de aguas españolas rumbo al oeste, en busca de un nuevo objetivo.