"Regalos" al ayuntamiento de Alhaurín el Grande a cambio de favores
El consistorio del PP exigió 750.000 euros a empresarios por conceder licencias
Los informes policiales incluidos en el sumario del 'caso Troya' incluyen, al menos, una docena de intentos de sobornos a promotores y constructores con intereses en Alhaurín el Grande a los que se les exigió casi 750 mil euros por conceder licencias al margen del ordenamiento urbanístico de la localidad.
Son doce casos en apenas cuatro meses, entre diciembre de 2005 y abril de 2006.La concesión de estas licencias habría propiciado la construcción de 200 viviendas en esta localidad de las que sólo la mitad estaban ajustadas al planeamiento en vigor.
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El dinero, según la policía, habría llegado a manos del alcalde y el concejal de urbanismo de la localidad a través de los pagos realizados en metálico a una empresa relacionada con una empleada de la gestoría propiedad de la mujer del primer edil, Juan Martín Serón, consiguiendo ocultar el verdadero receptor final de las cantidades.
Pese a que ninguno de los 19 empresarios detenidos en la segunda fase de la 'operación Troya' reconoció haber pagado sobornos al ayuntamiento sí admiten que hicieron aportaciones para diversas actividades o pagaron obras del consistorio.
"Aportaciones" inherentes a la construcción
Uno de los empresarios a los que se concedió diez viviendas más de las inicialmente proyectadas reconoce que el concejal de urbanismo se puso en contacto con él para pedirle el arreglo de una carretera de la zona con un coste superior a los cien mil euros.
Otro de los empresarios, al que se le permitió construir siete viviendas más de las contempladas en el plan urbanístico de la localidad, aseveró en su declaración ante el juez que donó más de 42 mil euros al consistorio para celebrar una corrida de toros aunque dice que estas aportaciones son normales.
Los sobornos a los que alude el informe de la Unidad de Delitos Económicos oscilaban entre los seis mil y los 180 mil euros incluso, señala este documento, era algo asumido por los empresarios como coste inherente a la construcción.
