Unas grabaciones ponen en evidencia la trama de corrupción en Alhaurín el Grande
"Mi socio no paga". "Entonces voy a pararle la obra", responde el edil de Urbanismo
La investigación judicial del caso Alhaurín el Grande, una supuesta trama en la que están implicados el alcalde de este pueblo malagueño, Juan Martín Serón (PP), y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra (PP), para cobrar comisiones ilegales a cambio de licencias, incluye una grabación que evidencia la presunta corrupción, informa el diario 'El País'. En esa grabación, el socio de un promotor comunica al concejal de Urbanismo que no van a pagar la comisión de 121.600 euros que se les reclama. El edil de Urbanismo le plantea una clara amenaza: "Entonces yo voy a parar la obra".
Más información
- Confirmada la condena de Martín Serón por el Caso Troya
- Al menos 17 detenidos en la segunda fase de la operación contra la corrupción en Alhaurín el Grande
- Trasladan a los Juzgados de Coín a los ocho primeros detenidos
- El alcalde de Alhaurín cobraba más de seis mil euros por cada piso que dejaba construir
- La policía interviene 70.000 euros al alcalde de Alhaurín el Grande detenido por presunta corrupción urbanística
- Libertad bajo fianza de 100.000 euros para el alcalde y un concejal de Alhaurín el Grande
- El alcalde de Alhaurín el Grande, del PP, declara ante la juez por un asunto urbanístico
El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga, 21.000 habitantes), Juan Martín Serón, y su edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos del PP, fueron detenidos horas después de la conversación que el segundo mantuvo en su despacho oficial con un promotor con un proyecto en el municipio. Este último la grabó, con permiso judicial, como denunciante y testigo protegido.
En esa conversación, el edil de Urbanismo recordó cómo el alcalde avaló esta operación ilegal -"Me dijo: 'Juan, tú tiras para adelante que con P. [el empresario extorsionado] no hay ningún problema"- y explicó a su interlocutor, el promotor, que desde el Ayuntamiento habían hecho esfuerzos, más allá de la ley, para cambiar los informes técnicos de forma que éste pudiera continuar las obras, con la condición de que pagase una comisión de 121.600 euros, informa el diario 'El País'.
Ante la negativa del promotor a pagar la comisión, el concejal de Urbanismo le amenazó con revisar la licencia concedida y paralizar las obras "porque las cosas cuando se hablan se mantienen". La comisión exigida debía abonarse a una empresa vinculada al alcalde, según la investigación judicial.
Durante la conversación grabada por el promotor, el concejal de Urbanismo le detalló cómo habían tenido que cambiar informes técnicos negativos por otros positivos para que pudiera hacerse la obra. El edil, según la investigación, llamó inmediatamente al alcalde, Juan Martín Serón, para informarle del fracaso de la reunión con el promotor.
En libertad bajo fianza
Tras tener constancia de las irregularidades registradas en la cinta, la policía lo puso en conocimiento de la juez que investigaba el caso, quien ordenó la detención del edil y del alcalde.
Los arrestos se produjeron a las 18.30 del pasado 18 de enero, cuando los dos cargos municipales salían de una cafetería de Marbella tras asistir a una comida-mitin protagonizada por el presidente del PP, Mariano Rajoy. Los detenidos quedaron en libertad un día después, tras depositar 100.000 euros de fianza impuesta a cada uno por la juez, que les imputó sendos delitos de prevaricación y cohecho.
En Alhaurín el Grande gobierna el PP con mayoría absoluta. En las elecciones municipales de 2003, los populares consiguieron el 60% de los votos y 11 de los 17 ediles. En los dos mandatos anteriores, la hegemonía fue del PSOE. Serón repite como candidato a alcalde por el PP.
Comparece el promotor
Un promotor inmobiliario, cuyo nombre responde a las siglas J. B., compareció días después como testigo ante la juez que investigaba el caso de corrupción de Alhaurín el Grande. Este promotor fue el que, supuestamente, rehusó pagar la comisión a cambio de una licencia de obra.
Sin embargo, negó a la juez que hubiera sido el denunciante del caso y desmintió haber hecho la grabación que desembocó en la detención de ambos ediles. J. B. declaró durante poco más de media hora. A la salida del juzgado, el promotor, dueño de una empresa de fontanería, rehusó hacer declaraciones amparándose en el secreto de sumario.
El 18 de enero por la mañana fue la última vez que el edil de Urbanismo exigió al promotor dinero por la licencia urbanística, aunque hubo anteriores contactos, también grabados con autorización judicial y del fiscal anticorrupción. Pero esa última conversación, a la vista de su grave y elocuente contenido, fue el detonante para que esa tarde ambos ediles fueran detenidos.
