El juicio contra tres ex concejales de Álvarez del Manzano se retrasa hasta el 4 de junio
Todas las partes defendieron la necesidad de esta suspensión para evitar un posible riesgo de nulidad por la incomparecencia de un encausado holandés
El inicio del juicio contra el ex diputado y ex concejales del PP, Luis María Huete, Simón Viñals y Antonio Moreno, por supuestas irregularidades en la privatización de la funeraria Funespaña, ha sido suspendido hasta el 4 de junio por la incomparecencia del encausado holandés Jan Marie Baptiste.
Todas las partes defendieron la necesidad de esta suspensión para evitar un posible riesgo de nulidad si se comenzaba el proceso sin este encausado, al que no se le ha podido contactar, y al que se buscará ahora a través de la Interpol y una comisión rogatoria al Gobierno Holandés.
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Si el próximo 4 de junio no compareciera, el juez le declararía en rebeldía y comenzaría este proceso, quince años después que el Ayuntamiento, regido por el PP, vendiera a la empresa Funespaña el 49 por ciento de las acciones por el precio de 100 pesetas (60 céntimos de euro).
A su entrada a la Audiencia Provincial los tres ex dirigentes políticos manifestaron a los medios que estaban "muy tranquilos".
También están acusados el presidente de Funespaña, José Ignacio Rodrigo; el gerente, Juan Antonio Valdivia; su hermano y consejero delegado de Funespaña, Angel Valdivia; el citado holandés Jan Marie Baptiste Rouppe Van der Voort; Ignacio de la Mora; y Ricardo Guindos.
La Fiscalía Anticorrupción reclama por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, entre otros, penas de 6 años de prisión para Huete, Viñals y Moreno y de 19 años para Rodrigo y los hermanos Valdivia.
Por su parte, la acusación que ejerce el PSOE pide 8 años de cárcel para Huete, Viñals, Moreno, Rodrigo y los hermanos Valdivia por malversación y maquinación para alterar el precio de las cosas.
Las diligencias se incoaron en virtud de una querella formulada por la Fiscalía Anticorrupción contra, entre otros, Huete -primer teniente de alcalde en el momento de la venta-, Viñals y Moreno, ediles entonces de Sanidad y Régimen Interior, respectivamente.
El caso fue instruido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya que dada la condición de diputado de Huete era el órgano competente para el enjuiciamiento de esta causa, pero al haber perdido su condición de aforado la vista oral se celebrará en la Audiencia Provincial de Madrid.
