Gobierno y Comunidades Autónomas debaten la participación de los usuarios en el Sistema de Dependencia
Quienes ingresen menos de 6.000 euros al año estarán exentos de pago, y las rentas superiores a 60.000 pagarán un 90%
El Gobierno y las Comunidades Autónomas debaten este jueves la participación de los usuarios en el coste de los servicios del Sistema de la Dependencia. Tal y como ha anunciado el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, la aportación será nula en el caso de las personas con rentas inferiores a 6.000 euros al año, mientras que los que ingresen más de 60.000 deberán afrontar un copago que ascenderá al 90% de la prestación.
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A instancias del diputado de CiU Carles Campuzano, el ministro ha insistido en que la Ley de Dependencia establece un derecho universal y subjetivo, independientemente de la capacidad económica y del lugar en el que residan los ciudadanos.
El parlamentario nacionalista advertía al ministro durante el debate que la propuesta de copago realizada a las Comunidades Autónomas no garantiza el acceso de las clases medias a los servicios. Campuzano ha acusado al Gobierno de generar "expectativas que no se van a cumplir", puesto que no habrá "servicios de calidad al alcance" de este sector de población.
Sin embargo, Caldera ha asegurado que las "clases medias, como cualquier otro ciudadano, tendrán garantizado el derecho a recibir prestaciones y servicios del sistema de la dependencia". Eso sí, deberán realizar una aportación en función de su capacidad económica. "Creo que es bastante razonable y queremos hacerlo de acuerdo con el consejo territorial de la dependencia", zanjó Caldera.
Acuerdo de copago.
La propuesta de acuerdo de copago -el coste de los servicios asistenciales recae en las CCAA y los usuarios dependientes- se determinará en función de la renta y el patrimonio. A la hora de determinar este último, no se tendrá en cuenta la vivienda habitual, a no ser que el beneficiario deba ser internado en una residencia.
Si la capacidad económica del beneficiario es igual o inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que asciende a 499,20 euros al mes, éste no participará en el coste de los servicios asistenciales que reciba, si continúa residiendo en su domicilio. Si el servicio que recibe es de atención residencial, la participación en el coste de los servicios deberá garantizarle un mínimo para gastos personales.
En ningún caso, la participación del beneficiario en el coste de los servicios asistenciales superará el 90%. Este porcentaje de participación máxima se aplicará cuando la capacidad económica del beneficiario supere la cuantía que a tal efecto acuerde anualmente el Consejo Territorial, y que para el año 2007 se ha fijado en 59.904.
Por otro lado, la participación del beneficiario en el coste de los servicios se regulará por las CCAA. La propuesta del Gobierno establece un intervalo del 27 al 33%, y del 18 al 22% cuando el beneficiario recibe solo servicios asistenciales y continúa residiendo en su domicilio.
Un sueldo para los cuidadores.
El Gobierno también propondrá a las CCAA el establecimiento de un sueldo máximo de 487 euros mensuales para los familiares que cuiden de una persona dependiente. El cuidador deberá darse de alta en la Seguridad Social, pero su cuota correrá a cargo del Estado, por lo que a esta cantidad hay que sumar otros 74 euros (un total de 561 euros al mes).
Además, se plantea una ayuda económica vinculada al servicio (en el caso de que la administración no pueda ofrecerlo en el momento de que empiece a funcionar el Sistema), y para la asistencia personal de hasta 780 euros, para los casos más graves.
Finalmente, Gobierno y CCAA abordarán la intensidad de la asistencia y los criterios de calidad. La propuesta señala que los centros residenciales para personas mayores dependientes deberán contar, al menos, con un cuidador por cada tres internos.
El Gobierno pretende que las CCAA acrediten a los centros, servicios y entidades privados que formen parte de la red del Sistema, sean concertados o no. Para ello, se establecerán requisitos y estándares de calidad en distintos ámbitos: recursos materiales y equipamientos, recursos humanos, documentación e información, así como en la calidad del empleo.
