PSOE, PP y CiU aprueban en el Congreso un informe contrario a regular la prostitución

PSOE, PP y CiU aprobaron hoy en el Congreso un informe que recomienda al Gobierno no regular la prostitución al entender que todas las mujeres que lo ejercen, o bien han sido víctimas de tráfico de personas, o aunque la ejerzan voluntariamente, sufren explotación sexual. El texto fue rechazado por IU-ICV, ERC y EA.

La Ponencia que estudia esta problemática elevará las conclusiones a la Comisión Mixta Congreso-Senado de los Derechos de la Mujer, que lo aprobará, en su caso, el próximo 17 de abril.

Finalmente, las posturas de cada uno de los grupos no han variado de las mantenidas durante el debate que dio lugar a la creación de la Ponencia: los grupos socialista, popular y de CiU plantean disminuir el ejercicio sin optar por la vía abolicionista (basada principalmente en la penalización del cliente), mientras que IU-ICV, ERC y EA entienden que la prostitución ejercida libremente debe ser reglamentada.

Así, la ponente socialista, Lourdes Muñoz, explicó que el informe aprobado persigue tres líneas fundamentales: lucha contra el tráfico de mujeres, con el fin de garantizar la seguridad y defender los derechos humanos de las mujeres; atención social a las víctimas de trata y explotación sexual mediante la intensificación de medidas; y cambio en la percepción social de la prostitución para diminuir el ejercicio de la actividad. En este último apartado se incluye la petición a los medios de comunicación para que se autorregulen en relación a los anuncios de contactos.

"Queremos que en nuestro país haya menos prostitución. Por ello, aconsejamos la puesta en marcha de campañas de sensibilización que fomenten la igualdad de trato entre hombres y mujeres y den a conocer a la ciudadanía la situación de explotación en la que se ejerce esta práctica", aseguró.

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No penalizar al cliente

Esta postura no responde ni a la vía regulacionista, adoptada por países como Holanda, Alemania o Francia, ni a la vía abolicionista sueca. "Hemos llegado a un acuerdo de cuáles son las medidas que se han de tomar en España -insistió Muñoz-. No es el momento de penalizar al cliente, pero sí de sensibilizar y educar, y es una postura inequívoca".

De la misma opinión son las ponentes de PP y CiU, Susana Camarero y Mercé Pigem, respectivamente. Camarero destacó la incorporación al informe de la creación de unidades específicas en los cuerpos policiales para tratar este fenómeno, así como medidas de educación sexual de los hombres. Pigem defendió que la prostitución no debe ser percibida como un medio de subsistencia y apostó por seguir aplicando las medidas legales retomadas en 2003, que persiguen el proxenetismo.

El informe final recogerá, en todo caso, los votos particulares de IU-ICV, ERC y EA. Carme García (IU-ICV) aseguró que rechaza el texto por una cuestión de fondo y lamentó que la Ponencia haya sido "realmente una pérdida de tiempo y una oportunidad perdida". Se preguntó, a su vez, por qué gobiernos del PP y PSOE han dejado que "miles y miles" de mujeres sean explotadas sexualmente sin hacer nada y por qué, aún reconociéndolo ahora, no plantean medidas coercitivas para abolir esta situación.

"Vamos a pedir responsabilidad por ello -aseguró-, y vamos a plantear medidas legales coercitivas y medidas sociales muy potentes. El Gobierno tiene la obligación de solucionar este problema, sí así lo ve, o si no, tendrá que aceptar que es un fenómeno más complejo".

De "huída hacia delante" lo calificó el parlamentario de EA, José Ramón Urrutia, también contrario a un informe que, en su opinión, deja la cosas como ya están ahora. Desde ERC, Georgina Oliva i Peña se manifestó en el mismo sentido.