El Tribunal Constitucional acepta la recusación de un magistrado pedida por el PP por el Estatut catalán

Madrid

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado hoy, lunes, por seis votos a cinco aceptar la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps, planteada por el PP, en relación con la tramitación del recurso que este partido interpuso contra el Estatuto de Cataluña. Es la primera vez que el Alto Tribunal acepta una recusación de este tipo.

Según fuentes del TC, se ha estimado que concurre la causa 13 del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para recusar a Pérez Tremps. En ella se señala como causa de recusación el "haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo".

Pérez Tremps hizo un análisis sobre el nuevo Estatut de Cataluña antes de ser magistrado, lo que motivó la recusación del PP. Ese análisis se produjo en materia de relaciones exteriores de la Generalitat en la época en que Jordi Pujol gobernaba Cataluña. El partido de Mariano Rajoy se opone a que este magistrado debata el recurso de inconstitucionalidad presentado por los populares contra el nuevo estatuto catalán.

El auto en el que se fundamenta la recusación se hará público en unos días, y los cinco magistrados discrepantes -la presidenta del tribunal, María Emilia Casas, Pascual Sala, Eugenio Gay, Elisa Pérez Vera y Manuel Aragón- han anunciado que formularán votos particulares.

Recusación pionera sobre el Estatut

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Ésta es la primera recusación de uno de sus magistrados que admite el Constitucional en relación con el Estatuto catalán, ya que con anterioridad había rechazado otras tres: una contra el propio Pérez Tremps, otra contra la presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, y una contra el magistrado Roberto García Calvo.

Pérez Tremps, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III, es uno de los dos magistrados cuyo nombramiento fue propuesto por el Gobierno y se incorporó al TC en junio de 2004 para cumplir un mandato de nueve años.

El PP ya había presentado una recusación contra este magistrado, en relación con la tramitación parlamentaria del texto y con el argumento de que, también antes de incorporarse al Constitucional, había colaborado en análisis previos a la redacción de la propuesta de los grupos del Parlamento de Cataluña. Pero el tribunal la desestimó.