El hijo de una mujer enferma que se quitó la vida denuncia al grupo proeutanasia que le ayudó
Un juzgado de Alicante investiga ya la muerte de Madeleine, que padecía esclerosis lateral amiotrófica
El Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante y la Policía investigan la muerte de una ciudadana francesa que padecía una enfermedad degenerativa y que presuntamente se quitó la vida el pasado viernes en su domicilio junto a voluntarios de un grupo proeutanasia.
Más información
- Una enferma de Granada que pide morir logra el apoyo del órgano asesor de la Junta para ser desconectada
- Más de dos mil médicos firman un manifiesto a favor de la eutanasia
- Muere en huelga de hambre un enfermo de esclerosis que pedía la eutanasia
- Muere el enfermo terminal que abrió el debate de la eutanasia en Italia
- La iglesia católica se niega a oficiar un funeral por el enfermo terminal italiano que solicitó la eutanasia
- Un tetrapléjico reclama su derecho a morir dignamente en una carta remitida a la SER
- Investigan la posible 'muerte ayudada' de un pentapléjico en Valladolid
- El hermano del pentapléjico de Valladolid da las gracias "a quienes le han ayudado" a morir
- 'Hablemos de eutanasia'
El fallecimiento tuvo lugar la madrugada del viernes, cuando Madeleine, que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA) desde 2001, se quitó la vida en presencia de tres miembros de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), hecho que ha denunciado el hijo de la fallecida, Domingo Biver. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) confirmaron la apertura de diligencias previas, como siempre ocurre en los casos de muerte no natural, como podía ser éste. El hijo de la fallecida ha denunciado a la asociación DMD por estar presente durante su muerte.
La mujer estuvo acompañada en el momento de su muerte por voluntarios de DMD. Esta asociación acompaña desde 1993 a enfermos terminales e irreversibles que desean suicidarse y ofrece una guía con métodos para cumplir este objetivo.
El Código Penal castiga con penas de cuatro a ocho años "al que induzca al suicidio de otro"; de dos a cinco años a quien coopere con "actos necesarios al suicidio", y de seis a diez años "si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte".
La eutanasia activa no está legalizada en España, y el actual Gobierno no tiene intención de despenalizarla, ya que considera "suficiente" el consenso alcanzado en 1995 en torno a la reforma del Código Penal sobre la eutanasia.
El pasado mes de junio, y al reabrirse la polémica por la muerte de pentapléjico Jorge León, el titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, dijo en el pleno del Congreso de los Diputados que el Gobierno entendía que era suficiente la citada reforma, por la que se despenalizó dejar de prolongar artificialmente la vida más allá de lo que resulta humanamente soportable.
