El juez prohíbe el acto de la izquierda 'abertzale' previsto para el sábado en Anoeta

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno prohibió hoy el acto convocado para mañana, sábado, por el llamado Movimiento Pro Amnistía en el velódromo de Anoeta en San Sebastián al comprobar que detrás de esta convocatoria estaba la ilegalizada Askatasuna, organización de apoyo a los presos etarras. La Fiscalía había manifestado previamente el mismo criterio.

Según fuentes jurídicas, el juez se ha dirigido además a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que impidan la celebración de este acto.

Moreno, que está en sustitución del juez Baltasar Garzón por encontrarse de guardia esta semana, adoptó esta decisión en un auto de conformidad con lo que unas horas antes le pidió el fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Miguel Bautista tras recibir los informes que le fueron requeridos a la Policía, Guardia Civil y Ertzaintza con el objeto de determinar quiénes eran los organizadores.

Según esos informes, aunque el velódromo ha sido alquilado por María Aranzazu Bereciartua en nombre de la organización Behatokia, que no ha sido ilegalizada, "es la organización ilegal Askatasuna quien está detrás del acto a celebrar".

La "convocatoria efectiva"

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Las Fuerzas de Seguridad llegan a esta conclusión al entender, según el fiscal, que "la convocatoria efectiva no la ha hecho la citada asociación, con adhesiones de terceros, sino que, directamente y sin rodeos, se ha producido por personas muy determinadas en rueda de prensa".

Entre esas personas, los informes policiales destacan a los portavoces de Askatasuna y su antecesora Gestoras Pro Amnistía, Juan María Olano y Julen Larrinaga, y a los presuntos etarras Unai Romano e Ibon Meñika, "los cuales, o bien han formado parte de Askatasuna o bien han sido integrantes de Segi, o bien están pendientes de juicio por integración en banda armada".

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decretó en febrero de 2002 la ilicitud y suspensión de las actividades de Gestoras Pro Amnistía y después de su sucesora, Askatasuna, por un período de cinco años, con lo que este año vencería dicho plazo.

Los responsables de estas organizaciones que fueron procesados por Garzón por delitos de integración o colaboración con banda armada serán previsiblemente juzgados este año en la Audiencia Nacional.