El Gobierno tendrá que fijar la cuantía del canon digital y los soportes a los que afecta | 27-12-2006
La industria tecnológica y las entidades de derechos no han alcanzado un acuerdo sobre cuánto se deberá pagar a los autores
Madrid
Varios meses de negociación no han sido suficientes para poner de acuerdo a las empresas tecnológicas y a las entidades que gestionan el cobro de los derechos sobre la cuantía y los soportes de grabación afectados por el canon, la tasa que de acuerdo con la nueva ley de Propiedad Intelectual gravará el precio de los soportes digitales de grabación. Los ministerios de Industria y Cultura serán los responsables de fijar el sistema de imposición de esa tasa en un plazo de tres meses.
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El director de la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC), José Pérez, ha confirmado que el sector de las nuevas tecnologías y las ocho entidades de gestión de derechos de autor no han logrado alcanzar un acuerdo. "Lamentablemente no hemos llegado ni a un acuerdo total ni parcial" a pesar de que "no hemos escatimado esfuerzos en tiempo y dedicación", ha señalado.
En un comunicado de prensa, la Asociación de Compositores y Autores de Música (ACAM) animó al Ministerio de Cultura y al de Industria y, también, al Gobierno, a que actúen "sin complejos y que apliquen lo que dice la Ley sobre" el canon digital, que a su juicio, implica que los reproductores de MP3 y teléfonos móviles, entre otros dispositivos, deben estar sujetos a satisfacer la compensación por copia privada.
El diálogo comenzó el pasado 11 de septiembre por mandato de la Ley de Propiedad Intelectual, que establece un sistema de negociación entre la industria (fabricantes y distribuidores de equipos) y las entidades de gestión de los derechos de autor para acordar el listado de aparatos que deben estar sujetos al pago de la "compensación por copia privada", así como las cantidades de cada caso.
Ahora tendrán que ser los departamentos dirigidos por Joan Clos y Carmen Calvo los que decidan, a través de una orden ministerial conjunta que deberán publicar antes de que termine marzo, la relación de equipos, aparatos y soportes digitales y las cantidades aplicables a cada uno de ellos en concepto de compensación por copia privada. Esta norma debe renovarse cada dos años y antes de emitirla el Ejecutivo debe consultar al Consejo de Consumidores y Usuarios, y realizar un informe previo del Ministerio de Economía y Hacienda.
La negociación no está muerta
El acuerdo entre las compañías tecnológicas y las gestoras de derechos es complicado, pues las posiciones de ambas partes durante la negociación han sido muy distantes, y algunas declaraciones revelan que hay incluso diferencias en el seno de cada una de ellas. Antonio Guisasola, presidente de PROMUSICAE (Productores de Música de España), ha explicado por ejemplo que la entidad a la que representa ha apostado más por las tecnologías DRM, que restringen lo que el comprador de la música puede hacer con ella (limitando el número de copias o los reproductores en los que se puede escuchar), que por la defensa "del derecho de copia privada". "Parecía que podía haber un acuerdo cercano respecto a los cánones a pagar pero al final no ha sido posible avanzar", ha señalado.
Este y otros representantes del sector no descartan en todo caso que pueda producirse un acuerdo antes de que el Gobierno tome una decisión. "Quedan tres meses para que se pronuncie aunque si les llegara un acuerdo ratificado por todas las partes, entiendo que lo asumiría", señala Guisasola. Todas las partes se han emplazado para verse después de Navidad y "tratar de reconducir el asunto". "Se ha consumido el primer plazo pero tampoco está el proceso finiquitado del todo, no está muerto".
También, ha confirmado a Europa Press que las negociaciones continuarán a principios de enero. "Siempre es más fácil el cumplimiento si lo has pactado que si te lo imponen, lógicamente. "Es mejor un mal acuerdo que una buena orden ministerial", ha declarado Abel Martín, director general de AISGE (Artistas, Intérpretes, Sociedad de gestión de España).
