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El Congreso aprueba el nuevo Estatuto de Baleares

El texto será remitido al Senado en febrero para intentar que entre en vigor antes de las elecciones autonómicas

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma del Estatuto de Autonomía de Baleares con el apoyo de todos los grupos y las abstenciones de los diputados de Esquerra Republicana (ERC) e Izquierda Unida-ICV. El proyecto estatutario recibió los votos favorables de 295 diputados y 13 abstenciones. Además, se registró un voto en contra, presumiblemente por error de un diputado del PP.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, asistieron a la votación acompañados por nueve ministros.

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La votación, que observó desde la tribuna de invitados una delegación del Gobierno y del Parlamento de Baleares, puso de manifiesto la coincidencia en esta reforma del PSOE y el PP.

La abstención de 13 diputados de ERC e IU-ICV obedece a la falta de un contenido social progresista y a la ausencia de una "realidad nacional compartida" con la Comunidad Valenciana y Cataluña, según el portavoz de los republicanos catalanes, Agustí Cerdá.

Con la reforma, de los más de 70 artículos del vigente texto se pasa a los 140 del nuevo. Esta es la cuarta propuesta que aprueba el Congreso en la presente legislatura tras los proyectos de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía.

Fernández de la Vega: "Cambio con optimismo"

La vicepresidenta del Gobierno, quien abrió el debate pasadas las cuatro y media de la tarde, aseguró que el nuevo Estatuto de Baleares supone "encarar el cambio con el optimismo" que a las islas "ha dado la experiencia autonómica".

La vicepresidenta repasó los que considera los logros más relevantes del nuevo Estatuto balear, como el título de derechos y deberes o la regulación de los Consejos Insulares, "la gran novedad" de la reforma en su opinión. Sin embargo, De la Vega hizo hincapié en explicar el sistema de financiación que recoge el Estatuto al señalar que prevalece una "administración más solidaria de la inversión del Estado durante los próximos siete años".

En nombre del PP intervino la diputada María Salom, para quien el texto se erige en un "camino distinto a las reformas que se han promovido" hasta la fecha.

A este proyecto se incorporaron en la Comisión Constitucional, presidida por Alfonso Guerra, nueve enmiendas en las que recogían propuestas de IU-ICV y ERC, la mayoría de ellas, modificaciones sobre el capítulo de derechos y deberes.

 
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