El Congreso aprueba la ley que acabará con el redondeo
La Ley de Mejora de Protección de los Consumidores estipula que darse de baja de un servicio sea igual de fácil que darse de alta
El pleno del Congreso aprobó hoy el Proyecto de Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios y rechazó la enmienda introducida por el PP en el Senado para crear un fondo de garantía de bienes tangibles para casos como el de Fórum y Afinsa. Esta iniciativa para crear el fondo contó con el apoyo de CiU y fue rechazada por el resto de grupos.
La Ley de Mejora de Protección de los Consumidores prohíbe los redondeos, estipula que darse de baja de un servicio sea igual de fácil que darse de alta y aumenta la protección del usuario en la adquisición de vivienda, entre otras medidas.
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La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, subrayó que esta ley "da respuesta a problemas concretos y cotidianos" de los ciudadanos y eleva su nivel de protección jurídica.
En el debate de este proyecto de Ley, Salgado destacó entre las aportaciones de la norma la prohibición de los redondeos ya que, afirmó, "no se entiende" cómo contando con la tecnología para cobrar en tiempo real, sean "sólo los proveedores de servicios" quienes obtengan las ventajas.
Asimismo, autoriza a las administraciones a adoptar medidas para hacer desaparecer riesgos y amplía la legitimación para actuar en los tribunales, aseguró.
El contenido de la ley
Los servicios que hasta ahora ofrecían a los usuarios todo tipo de facilidades para darse de alta como cliente, pero que imponían numerosas trabas y penalizaciones para cambiar de compañía o darse de baja, lo tendrán más difícil con la nueva ley de protección a los consumidores.
La prohibición de los redondeos al alza, así como la del cobro por fracciones horarias, sobre todo en los aparcamientos y en la tarificación de la telefonía móvil, son otras de las medidas que contempla el proyecto de ley. Así, cualquier cláusula que estipule el cobro de productos o servicios no consumidos quedará expresamente prohibida.
También se exigirá que las tarifas, horarios y normas de uso, por ejemplo en los aparcamientos, se faciliten de manera previa al consumidor. Respecto a la compra-venta de viviendas, se dará solución a cuestiones como la subrogación obligatoria del crédito propuesto por el promotor y se aprobará la prohibición de trasladar determinados tributos que correspondan al vendedor.
Tras su paso por el Senado, la normativa ha incorporado una enmienda del PSOE que permitirá la devolución a los agricultores de un porcentaje del Impuesto Especial de Hidrocarburos. La Cámara Alta incorporó también otra enmienda, del Grupo Popular, que demanda la creación de un fondo de garantías para los clientes de sociedades de inversión en bienes tangibles como Fórum filatélico y Afinsa, iniciativa que es rechazada por los socialistas, por lo que difícilmente podrá ser aprobada en el Congreso.
Esta nueva ley de defensa de los consumidores, cuyo proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de marzo, modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU), de 1984.
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