El ex alcalde de Fuerteventura y presidente del PP en la isla afronta la cuarta denuncia por corrupción
Por prevaricación y alteración del precio de una subasta pública
Un juzgado de Fuerteventura ve indicios de presunta prevaricación en la subasta de un terreno cuando era alcalde, Domingo González Arroyo, y ha remitido el caso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Eso sí, cuatro años después de la denuncia. Es la cuarta vez que este dirigente popular se ve inmerso en un proceso judicial relacionado con corrupción.
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El juzgado número 2 de Puerto del Rosario ha remitido ahora la denuncia presentada hace cuatro años al Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra Domingo González Arroyo, presidente del PP en Fuerteventura, diputado regional que se enfrentaría así a la cuarta causa judicial relacionada con presuntos delitos de corrupción en lo que va de legislatura.
El juez observa presuntos delitos de prevaricación y otro de alteración del precio en subasta pública por la venta de unos terrenos que fueron donados al ayuntamiento para que se destinaran a uso social y acabaron siendo vendidos por Arroyo a una entidad bancaria por 1.200.000 euros.
La actual alcaldesa, Claudina Morales, de Coalición Canaria, ha asegurado esta mañana en la Cadena SER que tiene sospechas del uso del dinero que hizo González Arroyo: "Ese dinero se utilizaba para servir de fondos para empresas que, de alguna manera, están vinculadas a Domingo González Arroyo".
La denuncia, presentada por un colectivo vecinal, en febrero de 2002 califica la actuación del presidente del PP en Fuerteventura como un engaño al donante de los propios terrenos y a los vecinos.
