El Congreso aprueba la Ley de Dependencia con una amplia mayoría

El Congreso de los Diputados ha aprobado el texto definitivo del proyecto de la ley de dependencia, tras haber superado el trámite en el Senado, donde fue aprobado con el apoyo de PSOE y PP. El texto reconoce el derecho de las personas dependientes a ser atendidas por el Estado "cualquiera que sea el lugar donde vivan y cualquiera que sea su condición económica o social".

Para la votación definitiva, el pleno de hoy ha contado con la presencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha anunciado en numerosas ocasiones que se trata de "uno de los proyectos estrella de la legislatura". Finalmente, la denominación definitiva será 'Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y a las familias'.

En su intervención en la Cámara Alta, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, destacó que la Ley de Dependencia reconocerá a millones de ciudadanos que no pueden valerse por sí mismos el derecho a ser atendidos por el Estado en sus necesidades básicas, "cualquiera que sea el lugar donde vivan y cualquiera que sea su condición económica o social".

'No' nacionalista

El ministro mostró también "el compromiso firme e indeleble del Gobierno de financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de manera estable, suficiente y sostenida en el tiempo".

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Los grupos nacionalistas que votaron en contra han pronosticado que la iniciativa será "corregida tarde o temprano", ya sea por el Tribunal Constitucional o por los grupos políticos en el Parlamento.

Según el texto aprobado en el Senado, el proyecto de Ley establece que la prioridad en el acceso a los nuevos servicios que vendrá determinada por el grado y nivel de dependencia y a igual grado y nivel, por la capacidad económica del solicitante, que queda determinada teniendo en cuenta la renta del mismo.

Por su parte, los 'populares' impulsaron, de acuerdo con otras formaciones políticas y con la excepción del PSOE, distintas modificaciones al texto dirigidas a ampliar la protección de las personas dependientes con discapacidad intelectual o mental, así como que también se reconozca el papel de las familias en el apoyo y el cuidado de sus familiares discapacitados.

Igualmente, se busca "una mayor cohesión" entre el futuro Sistema de Dependencia y el Sistema Nacional de Salud para ofrecer una serie de prestaciones médicas o farmacéuticas dirigidas a las personas dependientes, dado que más de un 80% de los dependientes en España tienen algún problema de salud.

Por otro lado, las corporaciones locales tendrán una mayor participación en el Consejo Territorial, se ampliarán los servicios con nuevas tecnologías de asistencia a través de la red de Internet, así como también se reforzarán los mecanismos de calidad, evaluación del sistema, y formación de profesionales.

Durante su comparecencia en el Senado la semana pasada, Caldera quiso agradecer el apoyo de todos los grupos parlamentarios con motivo de lo que él mismo consideró "un día para la memoria social de este país, ya que a partir de ahora los españoles dispondrán de un nuevo derecho".

De este modo, señaló que los acuerdos a los que se han llegado en esta Ley reflejan el esfuerzo de la sociedad, los sindicatos y los empresarios, organizaciones de mayores y de discapacitados, así como el de la comunidades autónomas y ayuntamientos, para conseguir que "aquellos ciudadanos que no pueden valerse por si mismos tengan el derecho a ser atendidos".

No obstante, destacó que el Gobierno "no quiere apropiarse de ningún mérito", ya que "tan sólo fue "el impulsor" de esta ley, que en su paso por el Senado ve reforzadas las prioridades de todos los ciudadanos con independencia de su situación, y sin que ello influya en las competencias del Estado y las comunidades autónomas en materia de servicios sociales.

Por su parte, en el Senado también se rechazaron distintos vetos presentados por los grupos parlamentarios mixto (promovido por Eusko Alkartasuna), PNV y CiU, al coincidir en que dicha legislación creará desigualdades entre las personas discapacitadas e invadirá y limitará las competencias autonómicas en servicios sociales.

Estos partidos nacionalistas reiteraron su apoyo a las personas dependientes y sus familias, si bien "lamentaron" que el texto aprobado no atiende "las demandas reales de todos los dependientes y sus familias". Además, CiU y EA anunciaron que en caso de que este proyecto de ley salga adelante recurrirán al Tribunal Constitucional en defensa de las normas estatutarias.