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La vicelehendakari arremete contra los jueces porque el proceso a Ibarretxe "contraviene la democracia"

El Gobierno vasco presenta un recurso de amparo ante el Constitucional contra la decisión del TSJ del País Vasco de iniciar la instrucción contra el lehendakari

La vicelehendakari del Gobierno vasco, Idoia Zenarruzabeitia, afirmó hoy que el encausamiento penal al lehendakari "contraviene la democracia, afecta al conjunto del sistema político y desestabiliza la realidad política y social de Euskadi".

Zenarruzabeitia hizo estas consideraciones en conferencia de prensa tras registrar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de iniciar la instrucción contra Juan José Ibarretxe por un delito de desobediencia, al reunirse el pasado 19 de abril con representantes de la ilegalizada Batasuna.

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La vicehelendakari informó de que es la primera vez que se encausa penalmente a un lehendakari "por ejercer sus derechos de participación política" y acusó al poder judicial de deslegitimar la vida política y señaló que el objetivo de la reunión de Ibarretxe con Batasuna era la "búsqueda de la pacificación y la normalización política de Euskadi".

Momento histórico para Euskadi

Añadió que el lehendakari "ha hecho, hace y seguirá haciendo todo cuanto esté en su mano para alcanzar la pacificación y la normalización política de Euskadi" y aseguró que Ibarretxe está "a la altura de las circunstancias y del momento histórico que vive Euskadi".

También consideró que la "mal llamada" ley de Partidos es el "origen de situaciones como la que nos ocupa hoy" y sus "efectos antidemocráticos han tenido, en esta ocasión, una manifestación basada en el exceso interpretativo que hacen algunos miembros del Poder Judicial sobre el alcance de la ilegalización de Batasuna".

Zenarruzabeitia remarcó que el poder judicial "no puede desequilibrar la vida política" introduciendo, en este caso, "un elemento perturbador" en la actuación del lehendakari, y "limitándole la posibilidad de tratar asuntos de relevancia pública".

"¿Dónde se ha visto -se preguntó- que un Tribunal encause penalmente al presidente de un país por ejercer sus funciones y por cumplir las responsabilidades de su cargo, para las que ha sido elegido?".

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