El juez Garzón imputa por falsedad en documento público a los peritos del informe del ácido bórico

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha descubierto que los tres peritos que presentaron el informe de El Mundo lo falsificaron para hacerlo pasar por un informe oficial y enmarañar la investigación de los atentados del 11-M, según fuentes jurídicos. El diario madrileño ha sostenido, secundado por el PP, que el documento se cercenó por la Jefatura de la Policía Judicial.

El ácido bórico fue encontrado en 2004 en la casa de Hassan El Haski, procesado por la masacre de Atocha, y en un piso franco de ETA.

Uno de los peritos confesó el jueves que había falsificado uno de los documentos aunque no explicó por qué. Garzón ha cambiado la condición de los peritos de testigos a imputados por un supuesto delito de falsedad en documento público. Estos peritos elaboraron el informe en el que aparecían menciones a ETA por su supuesta relación con los atentados del 11-M de 2004 en Madrid.

Como su jefe rechazó este informe, volvieron a colocarlo de hurtadillas, sin que nadie lo supiera. El juez Garzón asegura que "este documento era de carácter interno, no oficial" y que cuando el jefe de la unidad, Francisco Ramírez, vio que incluía observaciones poco rigurosas y faltas de consistencia, ordenó cambiarlo por uno más científico.

Alterar el documento

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Sin embargo, los tres peritos, no conformes, urdieron un plan para alterar el documento, simulando la firma de su jefe y la fecha del papel. El jefe de la unidad, José Andradas, firmó finalmente el documento sin percatarse del cambiazo. El propósito era, según Garzón, producir un "efecto oficial" de un documento que no era tal.

El juez afirma que los tres peritos a los que imputa el delito firmaron su informe con fecha del 21 de marzo, cuando realmente fue realizado el 11 de julio.

Los peritos, Isabel López, Pedro Manrique y Manuel Escribano, están ahora citados como imputados para el 18 de octubre por un delito de falsedad en documento público, que está castigado con entre tres y seis años de prisión y hasta ocho años de inhabilitación.