Dos ministros holandeses dimitirán por la muerte de 11 inmigrantes
Los ministros holandeses de Justicia, Piet Hein Donner, y Medio Ambiente, Sybila Dekker, dimitirán por las conclusiones del informe sobre las responsabilidades del Gobierno en el incendio de la cárcel del aeropuerto de Schiphol, en el que murieron 11 inmigrantes ilegales, informó hoy la televisión pública holandesa NOS.
Las 11 muertes ocurrieron la madrugada del 27 de octubre de 2005 en un incendio en la penitenciaría situada en las inmediaciones del aeropuerto de Amsterdam-Schiphol.
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El informe, presentado hoy por el Consejo de Seguridad holandés, un organismo independiente para la prevención de calamidades, concluyó que esas muertes pudieron haberse prevenido, y citó una larga lista de fallos del personal y de las autoridades del centro.
El presidente del Consejo de Seguridad, Pieter van Volenhoven -cuñado de la reina Beatriz- destacó que "las instituciones (gubernamentales) implicadas no asumieron suficientemente sus responsabilidades", y que si lo hubieran hecho se habrían reducido o evitado las víctimas.
Según Volenhoven, el principal responsable es el Servicio de Instituciones Penitenciarias, un organismo del Ministerio de Justicia, pero también apuntó al Ministerio de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.
En una rueda de prensa en la que se mostró una reconstrucción en vídeo de cómo se desarrolló el incendio, Volenhoven resaltó que los guardias de la cárcel carecían de la preparación necesaria para actuar en caso de incendios.
En esta línea se constató que, si se hubiese cerrado la puerta de la celda en la que surgió el incendio, las llamas probablemente se hubiesen podido apagar sin que el fuego se extendiera.
Además, en contra de lo que requiere la ley, los bomberos no fueron avisados inmediatamente, sino que los guardianes se aseguraron primeramente de que la alarma era real.
Por otra parte, los bomberos no recibieron información adecuada, ya que no se les indicó que la entrada trasera estaba cerrada.
Además, se dio prioridad a mantener a los ilegales encerrados por encima de su seguridad personal, como demuestra que los bomberos no pudieron entrar directamente por la entrada principal porque tenían que esperar a que la primera compuerta se cerrara para que se abriese la segunda.
Tampoco funcionaba la apertura automática de las celdas ni de la salida de emergencia.
El ala de la prisión en la que surgió el fuego tampoco cumplía varios requisitos de seguridad contra incendios, entre otras cosas porque tenía más extensión de lo permitido.
Por ello, el Consejo concluyó que el ayuntamiento de la localidad de Harlemmermeer concedió el permiso para construir las celdas "en base a insuficiente información", y sostuvo que la licencia "nunca tendría que haberse concedido".
El ministerio de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial fue el responsable final en la concesión de la licencia de construcción de las alas J y H del centro de internamiento, que no cumplían con los requisitos legales de seguridad.
El informe también calificó de "insuficiente" los cuidados ofrecidos a los supervivientes después del incendio.
Entre los inmigrantes fallecidos, uno procedía de la República Dominicana, otro de Rumanía, dos eran de Ucrania, dos de Turquía, dos de Surinam, uno de Libia, otro de Georgia y otro más de Bulgaria.
