El Ejecutivo aprueba una ley para paliar la sequía en los regadíos
También se acordó la compra de cinco millones de toneladas de emisiones de CO2
El Consejo de ministros estuvo reunido desde las 9:30 horas en el Palacio de la Moncloa. La principal medida a tomar era la aprobación de un decreto ley para paliar los efectos de la sequía en poblaciones y explotaciones agrarias de regadíos en diversas cuencas hidrográficas.
El Consejo fue presidido por el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y cuentó con la asistencia de todos los miembros del Gabinete, a excepción del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.
Más información
- El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Universidades
- El Consejo de Ministros aprueba medidas urgentes para que "el rastro del fuego en Galicia quede borrado"
- Los embalses ya están por debajo del 40% de su capacidad
- El Gobierno aprueba hoy ayudas a los afectados por los incendios en Galicia
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, fue la que anunció ayer la medida tras reunirse con la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y la titular de Agricultura, Elena Espinosa, con representantes de los regantes de la cuenca del Segura. Narbona adelantó que el decreto incorpora disposiciones acerca de la gestión de los acuíferos del Alto Guadiana, con el objetivo de reducir al menos en doscientos hectómetros cúbicos la extracción de agua.
Agua por debajo del 50%
Las ayudas irán destinadas a los regantes de toda España que en el último año hayan tenido dotaciones de agua inferiores al 50 por ciento de las habituales para sus regadíos.
Compra de CO2
El Gobierno acordó también hoy contribuir con 35 millones de euros al Fondo Multilateral de Créditos de Carbono, para adquirir cinco millones de toneladas de emisiones de CO2 con las que compensar el exceso que España ha hecho de este tipo de emisiones de acuerdo con el Protocolo de Kioto.
La agenda del Consejo de ministros incluyó igualmente la autorización de la construcción de una nueva comisaría en Alicante y la decisión de destinar 12,4 millones de euros como aportación a diversos organismos internacionales.