Zaplana antepuso el interés electoral al general en sus campañas como ministro de Trabajo
Según el Tribunal de Cuentas podría haber conculcado la Constitución
El informe definitivo del Tribunal de Cuentas -al que ha tenido acceso la Cadena SER- pone en cuestión la gestión de Eduardo Zaplana al frente del Ministerio de Trabajo. Según el informa, Zaplana contrató publicidad que el Tribunal considera que fue utilizada más para el autobombo que para el interés general. Para ello, dice el fiscalizador, se abusó de procedimientos que, en algunos casos, podrían haber conculcado la Constitución y hubo un gasto innecesario de dinero público.
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El Tribunal ha analizado la contratación de publicidad de los últimos años del Ministerio de Trabajo en manos del PP, pero centra sus más duras críticas en la gestión de Eduardo Zaplana. Considera el Tribunal que se llegaron a adjudicar contratos de comunicación a candidatos que ni siquiera reunían los requisitos para entrar en el concurso y hubo "manifiesta falta de transparencia y objetividad" en algunas adjudicaciones, hasta el punto de que estas irregularidades, dice el Tribunal, pudieron llevar a una adjudicación final indebida.
Se actuó en algunas contrataciones buscando cumplir un interés electoral y no el interés general. Pero el Tribunal va más allá: en el caso concreto de dos campañas del Imserso y una del INEM, el fiscalizador considera que su adjudicación pudo ser "nula de pleno derecho". Es más, al hacerse coincidir estas campañas con hechos como las Elecciones Municipales y Autonómicas y la huelga general de 2002, cree el Tribunal de Cuentas que se pudo conculcar el principio de objetividad que consagra el artículo 103 de la Constitución.
La campaña "Dicho y hecho", que puso en marcha el Ministerio de Zaplana en el 2003 para informar a los pensionistas de la revalorización de las pensiones, y que costó más de 7 millones de euros, se adjudicó "a dedo" sin justificación, vulnerando los principios de igualdad y transparencia, más con el fin de perjudicar la imagen del PSOE que de informar a los ciudadanos.
Un año después, recuerda el Tribunal, se produjo "otro menoscabo innecesario de las arcas públicas" por el empeño del Ministerio de prolongar otra campaña dirigida a los pensionistas cuando ya había comenzado la campaña electoral de las Elecciones Generales.
