El Gobierno central inicia el proceso de disolución del Ayuntamiento de Marbella

El Consejo de Ministros se reunió esta mañana en una sesión extraordinaria con un único punto en el orden del día: la disolución del Ayuntamiento de Marbella, una petición que ha sido solicitada formalmente por la Junta de Andalucía. El juez del caso, Miguel Ángel Torres, envió a prisión a cuatro abogados de un bufete de Madrid, con lo que ya son once los encarcelados.

La decisión del Ejecutivo propicia que una gestora designada por la Diputación Provincial de Málaga —que está en manos del PSOE— asuma, según la legislación vigente, la gestión de los asuntos de esa corporación, previa autorización del Senado. El viernes, el Gobierno aprobará un Real Decreto de disolución del consistorio.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, señaló que "éste Gobierno no tolera, ni tolerará, ni mucho menos amparará, comportamientos corruptos". De la Vega añadió que quería romper una lanza a favor de los concejales que desempeñan su labor con honestidad.

Antes de este Consejo, y como requisito legal, el Gobierno autonómico de Andalucía acordó solicitar la disolución del consistorio. El presidente andaluz, Manuel Chaves, ha afirmado que es necesario "restituir la ley, que ha sido conculcada". Según él, "todas las actuaciones legales ponen en evidencia el desgobierno marbellí".

Una vez disuelto el Ayuntamiento, la ley electoral señala que deberán convocarse elecciones parciales para constituir una nueva corporación en el plazo de tres meses. El artículo 183 de la ley establece, no obstante, que esa convocatoria electoral no se hará si el nuevo Ayuntamiento se constituye en el último año del mandato municipal, como ocurre en Marbella, por lo que el Gobierno apuesta, como hoy ha reiterado De la Vega, por crear una gestora.

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Continúan los trabajos del juez

El juez Torres ordenó el ingreso en prisión de cuatro abogados del despacho Soriano Sánchez Zubizarreta, que supuestamente asesoraba al ex gerente de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca. Otros dos letrados han quedado en libertad bajo fianza de 30.000 y 90.000 euros, respectivamente.

El último detenido en la Operación Malaya contra la corrupción en Marbella es Rafael Llopis, un empresario del sector de la publicidad que tuvo durante años la concesión de las marquesinas de Marbella y las del estadio de fútbol municipal. Según la agencia Efe, Llopis gestiona la publicidad exterior en varios municipios importantes de la Costa del Sol.

El miércoles declarará como imputado el jefe de la Policía Local de Marbella, Rafael del Pozo.