El fiscal pide prisión para el ex director de Industria canario por corrupción
También solicita prisión incondicional para la pareja de éste
El fiscal ha pedido esta noche el ingreso en prisión del ex director general de Industria del Gobierno canario Celso Perdomo por su presunta implicación en el escándalo de sobornos en el concurso de parques eólicos de Canarias. Esta mañana, el fiscal también ha solicitado el envío a prisión también de la novia de este dirigente 'popular'. Ambas solicitudes serán resueltas hoy por el juez encargado del caso.
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Celso Perdomo ha sido acusado de delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias. Perdomo, que ha declarado durante cerca de tres horas, pasará su cuarta noche en comisaría, hasta que el juez decida, previsiblemente hoy, sobre su situación procesal.
El ex cargo del Gobierno canario fue detenido esta semana, junto a otras seis personas, acusado de delitos de tráfico de influencias, cohecho y malversación de caudales públicos por su presunta implicación en las irregularidades detectadas en la convocatoria de un concurso público de energía eólica en Canarias.
Celso Perdomo fue director general de Industria del Gobierno de Canarias entre 2003 y el 2005 cuando era responsable de la Consejería del área Luis Soria, del PP, partido que gobernó en coalición con el ejecutivo de Coalición Canaria, que preside Adán Martín, hasta junio del año pasado, en que ambas formaciones rompieron el pacto de gobierno.
Ordenan también el ingreso en prisión de la mujer
El fiscal anticorrupción también ha solicitado el ingreso en prisión incondicional de la pareja de Perdomo, Mónica Quintana, que es funcionaria del Cabildo de Gran Canaria y a quien se acusa ahora de malversación de caudales públicos y cohecho.
El magistrado que lleva el caso ha decidido prorrogar durante 22 horas más la detención de Quintana.
Tres días incomunicados
En las detenciones, llevadas a cabo entre Las Palmas de Gran Canaria y Madrid el pasado jueves en el transcurso de la Operación Eolo, los agentes practicaron trece registros en domicilios y despachos. Hasta su puesta a disposición judicial, los detenidos permanecieron incomunicados en cinco comisarías distintas de Gran Canaria.
Este domingo, los defensores de los acusados han expresado su disconformidad con esta medida y han protestado por considerar desproporcionada la decisión del juez Parramón de mantener detenidos e incomunicados durante tres días a los acusados.
